28/10/10
En su propia insustentabilidad, este modelo está destinado a entrar en crisis y colapsar en un futuro que se estima no muy lejano. La sociedad en su conjunto debería reflexionar acerca de esta realidad y su evolución esperable. Ciertos principios básicos surgidos del Desarrollo Sustentable son aplicables en esta reflexión. Ningún interés particular debe de estar por encima del bien común. Ningún derecho de propiedad es absoluto como para afectar en su aplicación la calidad ambiental de su entorno. Ningún razonamiento enrevesado y/o perverso debe de prevalecer frente a la lógica sencilla pero contundente de los afectados por la intoxicación, la contaminación, el desplazamiento de sus lugares de origen y la injusticia.
Allí donde el sistema productivo pone en riesgo la salud y la vida de las personas, la sustentabilidad es imposible. Es nuestro deber ético como seres humanos, promover una sociedad sustentable que abarque e integre la sustentabilidad productiva, la social, la urbana y la cultural y beneficie a todos los habitantes sin excepción.
Sin embargo no sólo la salud de las poblaciones está en riesgo. Las consecuencias negativas de este modelo productivo son más amplias todavía ya que estimula la deforestación, acrecienta el riesgo de desertificación, da excusas para la expulsión compulsiva de campesinos afincados durante varias generaciones en tierras que deberían pertenecerles, reduce la biodiversidad y genera despoblamiento.
El motivo de todo esto es la alta rentabilidad del modelo que se reparte entre los productores y vendedores de semillas y agroquímicos, los dueños de la tierra acostumbrados a vivir sin trabajar, los arrendatarios y contratistas que reúnen capital y maquinarias y el Estado que cobra su participación bajo la forma de retenciones sobre los valores de exportación.
En su propia insustentabilidad, este modelo está destinado a entrar en crisis y colapsar en un futuro que se estima no muy lejano. Los motivos pueden ser variados y tener su origen tanto en causas externas como internas. Antes de que ello suceda, la sociedad en su conjunto debería reflexionar acerca de esta realidad y su evolución esperable.
Ciertos principios básicos surgidos del Desarrollo Sustentable son aplicables en esta reflexión. Ningún interés particular debe de estar por encima del bien común. Ningún derecho de propiedad es absoluto como para afectar en su aplicación la calidad ambiental de su entorno. Ningún contrato entre particulares o entre el Estado y particulares puede ir contra los tratados internacionales que el país ha subscrito. Ningún razonamiento enrevesado y/o perverso debe de prevalecer frente a la lógica sencilla pero contundente de los afectados por la intoxicación, la contaminación, el desplazamiento de sus lugares de origen y la injusticia.
Sin embargo, lo opuesto a estos principios sucede todos los días en la Argentina. Aunque, simultáneamente, surgen las voces que alertan sobre los riesgos y sus consecuencias. Veamos dos hechos recientes y contrapuestos ocurridos en la Provincia de Córdoba en el pasado mes de agosto (2010) que iluminan acerca de quienes son los que se interesan por el bienestar de la población y quienes pretender convencer que las agresiones a la Salud y al Ambiente son sólo “daños colaterales” de un modelo que se pretende “exitoso”.
1. - Primer Encuentro Nacional de Médicos de Pueblos Fumigados en el Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba.
Realizado durante el 27 y 28 de agosto pasado con la participación de médicos generalistas de pueblos afectados, que ejercen tanto en forma privada como en hospitales públicos, además de genetistas, epidemiólogos, endocrinólogos, biólogos moleculares y otros especialistas, todos convocados por la Universidad Nacional de Córdoba.
Es el Primer Encuentro que se realiza en nuestro país para analizar en base a la práctica médica cotidiana y a las evidencias científicas, el efecto intoxicante que sobre la salud humana (incluida la vida fetal) produce la exposición a diversos plaguicidas, especialmente el denominado glifosato que en cantidad de 300 millones de litros por año se aplica sobre los cultivos de la soja transgénica.
Las descripciones de casos concretos, abarca poblaciones de Córdoba, Santa Fé, Chaco, Formosa, Misiones, etc. En total se considera que 12 millones de personas en nuestro país, están sometidas a la exposición periódica de herbicidas, plaguicidas, etc. fumigados por vía aérea o terrestre y que el viento desparrama por áreas mucho más extensas que las que originalmente se quería abarcar.
Entre las consecuencias descriptas figuran desde reacciones alérgicas de distinta gravedad e irritaciones oculares, hasta casos de cáncer, abortos espontáneos, malformaciones en recién nacidos e infertilidad. En las deliberaciones se destacó que hace diez años que esto sucede y continúa, pero que hasta ahora la intervención de las corporaciones y los intereses económicos de empresarios agrícolas y de funcionarios de distintos niveles, ha logrado frenar las medidas concretas que algunos jueces se han animado tomar fundamentadas en el principio “precautorio” y como respuesta frente algunos casos presentados a la justicia.
La opinión de los especialistas es que ya existen evidencias suficientes y que “como profesionales de la salud” no pueden guardar más silencio frente a esta agresión gravísima que se hace sobre las poblaciones.
Se han emitido documentos y en los mismos se pide que, por lo menos, se prohíba la fumigación en forma aérea.
Existe, también un extenso documento del Grupo de Reflexión Rural que se actualiza periódicamente y que describe minuciosamente situaciones, casos y su evolución (ver documento enhttp://www.arqsustentable.net/...)
2. – La Legislatura Cordobesa sancionó una Ley que tergiversa la Ley Nacional de Bosques
El pasado 5 de agosto, la Legislatura de Córdoba aprobó una Ley Provincial –la Nº 9814– que en esencia tergiversa la Ley Nacional –la Nº 26331– que estaba obligada a respetar y mejorar.
Este es el resultado de un largo y controvertido proceso que se inicia con la aprobación de la Ley Nacional en el 2007 y que obliga a las Provincias a dictar su propia Ley en el plazo que no debería superar un año y luego de haber realizado un detallado catastro de los bosques provinciales (con énfasis puesto en los nativos) y un mapeo riguroso que clasificara estos bosques en tres.
categorías:
1) los intangibles (señalados en el mapa con el color rojo)
2) los de desmonte controlado (amarillos) y
3) los de desmonte libre (verdes). Hasta tanto se sancionara la Ley Provincial de adecuación a la Nacional, no se podía otorgar ningún permiso nuevo de desmonte.
La Ley Nacional establece también que en la confección del mapeo deben de intervenir diferentes actores incluyendo Organizaciones Agrarias, ONGs, Parques Nacionales, Universidades Nacionales, etc.
Este proceso en la Provincia llevó tres años y de hecho hubo desde el comienzo dos posturas enfrentadas: Por un lado la que presentaban los que constituían la Comisión formada según los lineamientos arriba descriptos y por otra la minoritaria pero con alta capacidad de presión (incluyendo legisladores propios) que era representada por CARTEZ-CRA y que habían abandonada la Comisión oficial a poco de constituida al tomar nota de que allí no podrían imponer su visión totalmente sesgada a la permisividad total para beneficio de los agro-negocios que ellos mismos representaban.
Finalmente, esta visión permisiva es la que aprobó (por un cambio de último momento) la Legislatura, lo que facilitaría el desmonte extra de 2,1 millones de hectáreas que, según el informe de la Comisión oficial, deberían quedar protegidas. Se destaca el hecho que aún antes de esta Ley Provincial, la Provincia de Córdoba tenía una tasa de deforestación del 2,93% que casi cuadriplica la media nacional (0,8%) y es trece veces superior a la media mundial (0,23%). www.ecoportal.net
Eduardo Yarke - http://www.arqsustentable.net
Nota:
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