viernes, 22 de octubre de 2010

Los glaciares argentinos ya tienen quien los cuide


DOMINGO, 17 17UTC OCTUBRE 17UTC 2010


Vista del glaciar Perito Moreno, en la Patagonia argentina. / Wikimedia Commons
En Argentina parecen haber caído en la cuenta de que es necesaria la protección de los glaciares, en estos tiempos que corren en los que todas, absolutamente todas, esas masas de hilo están en peligro a nivel mundial por el calentamiento global. Ya llevan advirtiendo las organizaciones ecologistas desde hace años que la deglaciación provocada por el aumento de temperaturas hará subir el nivel del mar lo suficiente para que millones de personas vean sus propiedades o residencias anegadas y hayan de buscar otra ubicación más alta.

Es cuestión de tiempo, y no de mucho. No obstante, En España, la simulación gráfica de lo que se nos puede venir encima con la subida del nivel de las aguas que hizo Greenpeace hace unos meses fue rápidamente tachada de alarmista o agorera cuando no de falsa.

Sin embargo, en la República Argentina, con la aprobación a finales de septiembre de la ley de protección de los glaciares se da un doble paso. El primero es precisamente del que venimos hablando, es decir, intentar poner límites a la deglaciación y consiguiente elevación del nivel del mar. El segundo, si cabe más notorio, es el de, para conseguir esa protección, restringir el desarrollo de la minería y de la extracción de hidrocarburos en las zonas glaciares.

El motivo es que algunas de esas áreas se están viendo afectadas desde hace años por el incremento de explotaciones mineras y de prospecciones en busca del antaño llamado oro negro. El resultado es que, junto al efecto directo del calentamiento global, el hombre ha estado acelerando el cambio climático con su actividad minera y petrolera cercana o inmersa en las zonas glaciares del noroeste argentino limítrofe con Chile, en la provincia de San Juan, donde la actividad minera creció un 990 por ciento desde 2003, según datos oficiales del Gobierno argentino.

O sea, que la actividad destructiva de los glaciares no se ha producido, afortunadamente, en los más conocidos, los de la austral Patagonia, destino turístico de popularidad mundial, sino en esos otros escondidos en regiones ignotas para los extranjeros.

La ley, además, ofrece la virtud de rectificar y mejorar otra de 2008 que se quedó en proyecto tras ser rechazada en el parlamento nacional. Esta vez, la aprobación fue ajustada (35 votos a favor frente a 33 en contra, en el Senado argentino). Y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner garantizó que no usará su derecho de veto presidencial, como ocurrió hace dos años, a pesar de las protestas y disconformidades provenientes de la industria minera y petrolera.

En cualquier caso, la oficialización de la protección de los glaciares puede no venir a significar nada en términos de lucha contra el cambio climático y mantenimiento de la biodiversidad si no se siguen políticas concordantes con la nueva normativa.

Por ejemplo, en España tenemos desde 1990 una ley regional de la Diputación General de Aragón (DGA) de protección de glaciares del Pirineo. En ella se fijan también las áreas glaciares a proteger: Aneto-Maladeta, Possets, Monte Perdido, etcétera. Y no por ello se ha dejado de construir masivamente en las zonas más turistizadas de la cadena montaños y próximas a esos glaciares protegidos por ley: Benasque (campo de golf incluido), Valle de Tena, proximidades de Ordesa (Monte Perdido), Valle de Arán y otras. Por no hablar de las ampliaciones de estaciones de esquí permitidas por la propia DGA y que han perpetrado atentados ecológicos como el del valle de Espelunciecha.

Cosas estas últimas que vienen a corroborar lo que decía más arriba: si la mano derecha no sabe lo que hace la mano izquierda, estamos apañados. De nada sirven leyes cosméticas si paralelamente se continúan las prácticas que esas mismas normas supuestamente pretenderían evitar.

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