Este martes, una vez más quedó demostrada la inseguridad con la que opera Petróleos Mexicanos (Pemex) al hundirse la plataforma "Júpiter" en la Sonda de Campeche, a 80 Km de Ciudad del Carmen. Hasta ahora, Pemex asegura que no hubo derrames de petróleo por este accidente ya que no había ductos cercanos.
Sin embargo, este hecho ocurre a casi un año del hundimiento de la plataforma Deepwater Horizon, propiedad de la empresa British Petroleum, que provocó un importante derrame de petróleo en costas de Luisiana, Misisipi, Alabama y Florida, en el Golfo de México.
A pesar del alto costo ambiental, económico y social de este tipo de percances, el gobierno mexicano continúa anclado en promover un mayor uso de combustibles fósiles en el país, sin considerar que la explotación petrolera representa un gran riesgo para la vida y los ecosistemas marinos y es uno de los principales motores del cambio climático.
En estos días, en el Senado de la República se está revisando la Estrategia Nacional de Energía 2011-2025, en la que se estima que 58 por ciento de los recursos prospectivos petroleros se concentran en aguas profundas del Golfo de México y que éstos pueden convertirse en reservas a través de la actividad exploratoria exitosa, para ello contempla aumentar la exploración en aguas profundas. Sin embargo, una estimación estadística de la tasa de éxitos en estas perforaciones sería de alrededor de 33 por ciento, es decir de 8 a 10 nuevos campos descubiertos y entre 20 y 24 fracasos. A pesar de estos escenarios de riesgo, los legisladores pretenden ratificar la Estrategia, en la que se prevé incrementar la extracción petrolera a 3.3 millones de barriles en 2025.
Es incongruente que en la ENE se promueva la energía nuclear y un mayor uso de combustibles fósiles, mientras México acaba de ratificar su participación y el estatuto de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), cuya obligación es la implantación y el uso generalizados y reforzados de las energías renovables con objeto de lograr un desarrollo sostenible, La ENE debe establecer metas de participación de fuentes renovables del orden del 41 por ciento para 2020 y 75 por ciento para 2050, excluyendo las grandes hidroeléctricas. Esto no sólo es técnicamente posible, sino económicamente viable.
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