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Este jueves 9 de junio, el abogado del Consejo de Defensa de Patagonia, Marcelo Castillo, interpuso un recurso de protección en contra de la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de Aysén en la Corte de Apelaciones de Coyhaique.
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El tribunal rechazó este mismo día otra demanda presentada el pasado 5 de mayo por un grupo de ciudadanos y parlamentarios en contra de la decisión de la intendenta de la Región de Aysén, Pilar Cuevas, de convocar a la sesión de la CEA que aprobó el proyecto hidroeléctrico Hidroaysén el 9 de mayo.
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Los ministros coyhaiquinos que emitieron la sentencia, Pedro Castro, Sergio Mora y Luis Sepúlveda, declararon que “no hubo acto arbitrario o ilegal” al convocar a la citada reunión y que, además, ha perdido vigencia la acción dado que la “reunión ya se realizó”.
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“El objetivo del recurso de protección presentado hoy es que la Corte deje sin efecto la resolución que aprobó el proyecto HidroAysén por cuanto ella es arbitraria e ilegal”, explicó Castillo.
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“Básicamente, el proyecto se aprobó con informaciones irrelevantes sin cumplir la legislación ambiental, o sea no se respetaron los procedimientos vinculantes que requiere esta ley. A esta infracción mayor se añaden otras como la falta de garantías mínimas con respecto a la participación ciudadana por ejemplo”, añadió el experto.
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El presidente del Consejo de Defensa de Patagonia, Patricio Segura, expresó que “nosotros confiamos en que los Tribunales de Justicia harán que impere el derecho en nuestro país porque no puede ser que una empresa por sus recursos económicos simplemente quiera pisotear una región completa pasando a llevar el Estado de Derecho y la institucionalidad ambiental”.
UN PROYECTO APROBADO CON IRREGULARIDADES
La CEA aprobó por 11 votos a favor y una abstención el proyecto Hidroaysén, permitiendo así la construcción de cinco represas en los ríos Baker y Pascua. Aún queda pendiente la aprobación de la línea de transmisión eléctrica.
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A pesar de su acogimiento, la iniciativa está cuestionada por una serie de irregularidades que ocurrieron a lo largo de su tramitación.
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Castillo recalcó que el informe del CEA se reproduce casi idéntico al estudio de impacto ambiental: “no es una verdadera evaluación de impacto ambiental, sino la reproducción de numerosos documentos presentados por la empresa”.
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Cambios sorpresivos y sin fundamentos de los servicios técnicos también fueron encausados ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, por funcionarios públicos, según indicó la página web de la Cámara. El Serviu (Servicio de Vivienda y Urbanismo) de la región de Aysén, en donde, pese a existir un informe inicial desfavorable sobre el proyecto hidroeléctrico, tras una autorización política del Gobierno, optó por dar la aprobación.
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Para Fernando Miranda, funcionario del Minvu (Ministerio de Vivienda y Urbanismo), el equipo completo que trabajó en el proceso de evaluación concedió que el informe sería negativo. Sin embargo, fue convocado por el Seremi para señalarle que él había recibido una llamada en donde se le había hecho ver que, al igual que el Serplac (Seremi de Planificación), estaban poniendo obstáculos al proyecto y que éste debía ser aprobado. Miranda dijo que se opuso a la medida, estimando que no había razones técnicas que modificaran el criterio adoptado inicialmente por el Servicio.
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El presidente regional de la Anef (Asociación Nacional de Empleados Fiscales), Julio López, explicó que, tras recibir comentarios de eventuales presiones anómalas en el proceso de calificación del proyecto, se inició un proceso de recolección de antecedentes donde destacaron las irregularidades que, a su juicio, deben ser consideradas como faltas a la moralidad.
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Según él, el seremi de Vivienda, Nicolás Terraza, no tuvo criterio al participar del proceso de calificación porque tenía su familia relacionada con la empresa y con el proyecto mismo.
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Por su parte, los diputados Enrique Accorsi (PPD) y Sergio Ojeda (DC) acusaron obstrucción por parte de las autoridades públicas, para que la Cámara realice su labor fiscalizadora, según informó radio Bío-Bío.
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El presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara, Sergio Ojeda (DC), informó que Miranda y López “serán los primeros invitados a concurrir a la comisión que sesionará todos los días lunes en Santiago. Ellos son algunos de los tantos que han formulado duras críticas y objeciones al proceso de evaluación ambiental, por ello, nos interesa conocer los antecedentes que podrán proporcionarnos”.
Por Mélissa QuillierFuente: El Ciudadano
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