Opositores a Hidroaysén denunciaron al matutino por sesgo en las informaciones publicadas sobre dicho proyecto. Además el Gobierno se prepara para el anuncio de la resolución ambiental antes del 21 de mayo. Diversos servicios públicos han aprobado ya la intervención de los ríos patagónicos y un diputado acusa que en algunas de dichas reparticiones se cambiaron los informes técnicos.
El Consejo de Defensa de la Patagonia demandó a El Mercurio ante el Consejo de Ética de laFederación de Medios de Comunicación Social de Chile por noticias aparecidas los días 21 y 22 de abril en el periódico de Agustín Edwards, las que acusan que la divulgación de los nombres de los evaluadores del proyecto Hidroaysén, hecha por los opositores al proyecto eléctrico, ponían en riesgo la seguridad de las autoridades y sus familias.
A juicio de los activistas “la campaña sólo divulgó los correos institucionales de las autoridades intentando hacer uso del derecho constitucional de fiscalización a las autoridades públicas”.
La noticia señalaba que la campaña emprendida en Coyhaique era considerada por autoridades y empresarios (qué otra fuente), “un amedrentamiento que bordea la ilegalidad, y podría extenderse a otros niveles del Gobierno”. Más adelante la noticia agrega que los mismos consultados estiman que “la difusión de imágenes y datos personales de los miembros de esta instancia es una agresión deplorable que junto con atacar su seguridad, también vulnera la institucionalidad vigente”.
La noticia hacía referencia a una campaña realizada en la vía pública hace dos semanas en Coyhaique por el Consejo de Defensa de la Patagonia, que entregaba a la ciudadanía información sobre los 12 miembros de la Comisión de Evaluación Ambiental que deben votar sobre la viabilidad del proyecto.
A pocos días de publicadas las noticias en El Mercurio, Patricio Segura, de Patagonia sin Represas, envió dos cartas al diario para que rectificara las imprecisiones, las que jamás fueron respondidas ni menos publicadas.
VOTACIÓN COMPLICA DISCURSO DEL 21 DE MAYO
Hasta hoy viernes tienen plazo los 37 servicios públicos que deben evaluar la adenda del proyecto de 2.750 MW. Hasta ahora han votado favorablemente el reporte la Conaf y Sernageomin.
Se espera para el lunes 9 de mayo la reunión de la Comisión de Evaluación Ambiental que analizará la iniciativa. Y hasta el momento hay tensión en el gobierno de Sebastián Piñera, por las repercusiones que tendría aprobar el proyecto. Para esto la intendenta de Aysén y presidenta de la Comisión de Evaluación Ambiental, Pilar Cuevas, viajó a Santiago, donde ha tenido reuniones con autoridades de gobierno para analizar la situación comunicacional y social que producirá la votación de este megaproyecto.
Se filtró que el Gobierno espera dar el anuncio para su aprobación lo antes posible, para así evitar las repercusiones que tendría la autorización ambiental en el discurso presidencial del 21 de Mayo.
El rechazo al proyecto es amplio en la ciudadanía. Una encuesta de Ipsos realizada en abril da cuenta de que un 61,1 % de chilenos rechaza el proyecto de Endesa-Colbún en la Patagonia. Además la semana pasado hubo grandes movilizaciones en diferentes ciudades de Chile, por lo que se espera que de aprobarse las cinco centrales proyectadas en los ríos Backer y Pascua la gente saldrá a las calles a protestar, de igual forma como ocurrió con la aprobación de la termoeléctrica Barrancones el año pasado.
UNA VÍA RÁPIDA
Extrañeza ha causado el voto favorable al proyecto de Conaf, el SAG y Sernageomin. Además se acusa que en el Ministerio de Vivienda y Conaf no se habría respetado la opinión técnica de los evaluadores.
Esto motivó a los opositores al proyecto a presentar un requerimiento ante el Consejo para la Transparencia, en el que se pide la entrega de los correos electrónicos, informes, preinformes y citaciones a reuniones de todas las reparticiones públicas involucradas
En tanto, el diputado Gabriel Silber sostuvo que ha recibido denuncias de funcionarios de Vivienda de Aysén, que afirman que se cambió el informe técnico de los evaluadores del proyecto en el documento que finalmente entregó el seremi de Vivienda, Nicolás Terrazas. Para dilucidar esto presentará una querella en los tribunales de Aysén.
El Ciudadano
Fuente: elciudadano.cl
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