martes, 20 de febrero de 2018

‘O guardião do rio Tejo’

La desigual lucha de Arlindo Marques, funcionario portugués, por salvar al Tajo de la contaminación de las papeleras.

ARLINDO MARQUÉS, APODADO EL GUARDÍAN DEL TAJO, EN LA ORILLA DEL RÍO.
Funcionario de prisiones, natural de la aldea de Ortiga (590 habitantes), en Mação, apasionado por el río Tajo, secretario del Consejo Deliberativo de la asociación proTEJO yyoutuber, Arlindo Marques se ha convertido, a sus 52 años, en el peor enemigo de una de las 20 empresas más grandes de Portugal. El funcionario de prisiones lleva desde 2015 denunciando los altos niveles de contaminación en el río, y culpa a las papeleras situadas a la vera del Tajo, entre la frontera con España y Santarém, unos 130 kilómetros río abajo. Y en su punto de mira se sitúa, sobre todo, la responsable del 90% de los vertidos contaminantes al río: Celtejo- Empresa de Celulose do Tejo, SA.
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Marques, al que ya han apodado “o guardião do rio Tejo” (el guardián del Tajo), se ha convertido en el abanderado de las protestas de pescadores y ayuntamientos contra los presuntos vertidos ilegales que Celtejo arroja al río. La suya es una lucha constante y diaria, a veces obsesiva, que dinamita una y otra vez los enormes esfuerzos de la industria de la celulosa por maquillar su maltrecha imagen pública. Ahora Celtejo ha lanzado su contrataque y ha interpuesto una demanda contra Marques por atentar contra “su buen nombre”, exigiendo una indemnización de 250.000 euros. 
Celtejo, situada en el municipio portugués de Vila Velha de Rodão, casi haciendo frontera con España, es sólo una de las tres fábricas de celulosa que la sociedad de participaciones Altri tiene en el país. La otra fábrica de papel de Altri en el Tajo es Caima, un poco más al sur, a la altura de Constância, además de otra en el río Mondego, la Celbi, bajo las barbas de Figueira da Foz. En total Altri vende cada año más de un millón de toneladas de pasta de papel a Europa y China. El presidente de todas ellas, tanto de las empresas filiales como de la matriz, así como de la sociedad gestora que las aglutina, Cofihold, es Paulo Fernandes, empresario polifacético y todopoderoso cuyo mayor logro, la gestora Altri SGPS (Sociedade Gestora de Participações Sociais), S.A., ha conseguido colarse en el PSI-20, el Ibex del país luso.
ESPUMA DE CONTAMINACIÓN EN EL EMBALSE DE ABRANTES, A MENOS DE 100KM AL SUR DE LA FÁBRICA DE CELTEJO / A. M
Marques no sólo tiene enfrente a uno de los 20 empresarios más importantes del país. El guardián del Tajo pelea contra una engrasada máquina de hacer dinero, de crear puestos de trabajo y de generar sinergias al más alto nivel político. Cinco meses antes de los fuegos que este verano causaron la muerte de 100 personas –desastre nacional que grupos ecologistas como Quercus achacaron, entre otras razones, a la plantación masiva o exclusiva de eucalipto–, el primer ministro portugués, António Costa, prometía una inversión de 18 millones de euros para “mejorar la productividad en la plantación de eucalipto”. 
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En aquel acto participaron el primer ministro, los ministros de Economía, Agricultura, Florestas e Desenvolvimento (Desarrollo) y otras personalidades. También Paulo Fernandes, que calificó el monte portugués de “petróleo verde”, y firmó una inversión de 125 millones para Celbi y Celtejo, aunque avisó: “Si continuamos tratando mal (…) nuestros montes, y su biodiversidad,  cada vez será más difícil encontrar el sentido a estas inversiones”. 
La industria del papel en la Península Ibérica se ha disparado desde principios de siglo, y Celtejo es uno de los pilares que sostiene a Portugal como líder mundial en la producción de pasta de papel derivada de la madera. La gran innovación de Altri, a partir de 2008, fue la de coger todo ese eucalipto que crece en los suelos menos fértiles del país, sobre todo en el Valle del Tajo, y convertirlo en el “oro verde” del que hablaba Paulo Fernandes. El pino que se usaba hasta ese momento para la fabricación de celulosa quedó claramente por detrás del eucalipto en términos de productividad y eficiencia.
CONTAMINACIÓN EN EL EMBALSE DE ABRANTES / A. M
El negocio es aún más redondo porque Altri no es sólo una empresa de producción de pasta de eucalipto. También es una empresa de gestión forestal, es decir, de monte de eucalipto. En total, se encarga de 84.000 hectáreas de terreno, de las cuales el 80% está ocupado por monocultivo de eucalipto. Y esto es sólo Altri. La otra gran productora, The Navigation Company, gestiona 120.000 hectáreas, el 73% de las cuáles es también monocultivo de eucalipto. 
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La fórmula se repite en algunas regiones de España, sobre todo en Galicia. Según un estudio de Greenpeace de 2011, la superficie de eucalipto, sólo o en compañía de otros árboles, “se extiende por 396.344 hectáreas, el 28% de la superficie arbolada gallega”. Es la comunidad autónoma española con más superficie eucaliptal, a pesar de que, paradójicamente, en los últimos años se ha producido un ligero retroceso debido a los incendios que cada año castigan estas grandes superficies de monocultivos arbóreos.
En España, el eucalipto tampoco es una mera cuestión medioambiental. Según cuenta a CTXT Miguel Ángel Soto, responsable de la campaña de bosques de Greenpeace, “el grupo Ence, que tiene toda la sierra de Huelva y una parte de Sevilla llena de eucalipto, hasta encima del río Miño, la fábrica de Ence en Pontevedra, o Navia en Asturias, también del grupo Ence, y en Cantabria y hasta el País Vasco, prácticamente todos los fabricantes de pasta de papel de la Península Ibérica tienen eucalipto en propiedad para garantizar el suministro”. Cuando no pueden cubrir su demanda, compran a pequeños propietarios, contagiando sus necesidades de madera para celulosa al resto de titulares de los bosques. 
Por otro lado, los terrenos que gestionan estas empresas están exentos de muchos de los descuidos y defectos que hacen de los montes portugueses y españoles un paraíso para el fuego. Altri y The Navigation cuidan y limpian sus bosques para dejarlos libres de matorral o arbusto; son su gallina de los huevos de oro y la base de su sector, e incluso cuentan con una unidad propia para la prevención y el combate a los incendios, Afocelca. En ocasiones puede verse a efectivos de Afocelca trabajando codo a codo con Protección Civil para extinguir incendios en las postrimerías de los terrenos privados de las empresas, lo que evita su propagación. 
CONTAMINACIÓN EN EL EMBALSE DE ABRANTES / A. M
Luchar contra gigantes 
Arlindo Marques no va a tener una pelea fácil con Celtejo. Paulo Fernandes y su segundo al mando, Domingos José Vieira de Matos, son los principales accionistas y co-CEOs de las fábricas de celulosa Celtejo, Coima y Celbi, así como de su matriz, Altri, SGPS, S.A. También son los mayores accionistas de la empresa de medios Cofina, (englobada a su vez, como las anteriores, en Cofihold, SGPS, S.A.), que posee un poderoso grupo de medios de comunicación del país, como Correio da Manhã, el canal de televisión de éste, CMTV, el Jornal de Negócios, el diario de distribución gratuito Destak y las revistas Sábado yMáxima. En total, 5 periódicos, 4 revistas y un canal de televisión. 
La repoblación con monocultivo de eucalipto no sólo abarata costes en la producción de celulosa: también representa un negocio que sostiene a otro negocio, que sostiene a otro negocio, que sostiene a otro negocio, etcétera. Además, al menos en el caso de Altri, la producción propia de eucalipto sólo cubre un 25% de las necesidades de fabricación de celulosa. Por eso es previsible que el ciclo actual de expansión del eucalipto en Portugal y España, lejos de quebrarse, se mantenga o aumente: eso contribuiría a que el negocio del eucalipto, de la celulosa y sus derivados redujeran sus costes de forma exponencial. 
Ahora, este círculo empresarial está en peligro, y Arlindo Marques y proTEJO han tenido mucho que ver. Gracias a sus constantes denuncias, el gobierno de António Costa ha tenido que dejar de hacer oídos sordos y dedicar esfuerzos y dinero para averiguar qué está pasando en los ríos portugueses. El resultado ha sido que la Agência Portuguesa do Ambiente (APA) confirmó, en un informe publicado el 31 de enero, que las empresas de papel ubicadas en el río Tajo son las responsables de la contaminación descontrolada detectada en sus aguas. El informe de la APA confirmó que la concentración de fibras de celulosa que transporta el río a la altura de Abrantes, a menos de un centenar de kilómetros al sur de Vila Velha de Rodão, es 5.000 veces superior a lo normal.
En su litigio judicial contra Arlindo Marques, Celtejo no es la única que se juega “su buen nombre”. Hace tiempo que las empresas de celulosa están en la diana de ecologistas, pescadores locales, amantes de la naturaleza e incluso de algunos ayuntamientos situados a lo largo de los ríos en que se ubican estas empresas, y la situación se ha agravado en los últimos meses. En declaraciones a CTXT, Arlindo Marques señala que “a partir del día 24 del mes pasado (enero), hemos sufrido los peores momentos. Hubo una carga de contaminación extrema, no había esos registros desde 2015. Por ejemplo, en Abrantes la espuma blanca, que yo llamo “espuma de muerte”, era muy espesa, y las aguas estaban completamente negras”. El término “espuma de muerte” no es en absoluto exagerado. En algunos municipios, la temporada de pesca de algunas especies ha tenido que ser suspendida por la inexistencia absoluta de peces, o por la contaminación tan elevada de los pocos ejemplares que quedaban vivos.
Según Marques, “el ministro de Ambiente no tiene el coraje político de señalar directamente a Celtejo. Hay más empresas en el río, pero el problema está en Celtejo, porque ella manda la pasta ya en tubos a las otras dos empresas, que transforman la pasta en servilletas, rollos de papel higiénico, etc. Es en el proceso de la fabricación de pasta cuando se contamina”. 
CONTAMINACIÓN EN EL EMBALSE DE ABRANTES / A. M
ProTEJO también llevaba tiempo denunciando que, en 2016, el Gobierno luso subió el límite de CBO5/tSA (Carencia Bioquímica de Oxígeno) de 0’9kg a 2’5kg, precisamente para adaptarlo a las necesidades de Celtejo (hasta ese año el límite estaba en 0’9kg, pero como la asociación proTEJO comenzó a monitorizar el agua del río y a informar de los constantes incumplimientos por parte de la papelera, el Gobierno lo subió justo al nivel de la media anual de la empresa, que en aquel momento era de 2’5kg). Sin embargo, a pesar de esta ayuda por parte del Estado, Celtejo sigue incumpliendo su propia marca y algunos trimestres alcanza el 2’8kg de CBO5/tSA. Según revela Miguel Ángel Soto a CTXT, el CBO mide “la demanda de oxígeno, la capacidad de los ríos de albergar vida. Si toda la materia orgánica se llena de bacterias para descomponerse, se agota el oxígeno y todo lo que tenga que ver con la vida dependiente de oxígeno, también las plantas, se ven afectadas”.
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En la escala que se utiliza a nivel mundial para medir la existencia de peces en los ríos, el valor ideal es 10, el 8 es tolerable y el propio ministro de Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, reconoció que el Tajo estaba en el nivel 1. En algunos países considerados tercermundistas, como Bangladesh, algunos ríos están en un nivel de 0,4. Lo que quiere decir que hubo una altura en que tuvimos un río muerto”, explica Arlindo Marques.
A pesar de las evidencias, Celtejo sigue volcado en defender su imagen, tanto de fabricante de pasta de papel como de gestora forestal. Y en esta campaña se encuadra su desmedido proceso contra Arlindo Marques, en la que no ha escatimado en gastos. El funcionario de prisiones tiene enfrente al prestigioso bufete de abogados Cuatrecasas. Beneficiario de varios contratos, algunos sin licitación, con el Banco de Portugal por más de 2,5 millones de euros, y con otras entidades públicas del país por valor de unos 5 millones, Cuatrecasas, Gonçalves Pereira S.L.P. ha puesto al frente del caso a abogados como João Regadas, que ya ha participado en operaciones multimillonarias con empresas privadas como Sonae o Alantra, y con instituciones públicas como la Câmara Municipal de Oporto, y José de Freitas, vice-presidente del Consejo de las Órdenes de Abogados Europeas (CCBE). 
Cañones contra pajaritos. Arlindo Marques asegura que “proTEJO me está dando todo el apoyo, y todos los ayuntamientos (a la vera del Tajo), Mação, Gavião, Nisa, Vila Franca de Xira, Abrantes…, todos han emitido votos de solidaridad conmigo. Ahora, soy yo el que tiene que poner el dinero para el abogado. Ahora estamos haciendo un crowfunding para ayudarme a costear el proceso. Cuando los abogados de Celtejo me pusieron la denuncia, yo tenía un plazo para contestar de un mes, y sólo esa contestación legal, sin la cual hubiera tenido que pagar 250.000 euros, me costó 1.500 euros”.
Ahora el caso ha tomado un giro inesperado, al haber aceptado el Tribunal Europeo la denuncia presentada por la asociación Movimento dos Pescadores contra Celtejo y el Estado portugués, a los que exigen 100 millones de euros en indemnizaciones por la contaminación en el Tajo. Según la asociación de pescadores, en 2012 había 1091 pescadores en el río Tajo, y hoy sólo quedan 46. Y la situación podría complicarse más, ya que las quejas de Arlindo Marques van aún más lejos: “Incluso he hablado con ganaderos cuyas ovejas ya no beben en el río, porque sienten que el agua no es buena. Un amigo mío encontró un día a sus 40 ovejas intentando beber del recipiente para el agua de su perro. Esta es una cuestión de salud pública”. Aunque Celtejo desistiera en su proceso contra Arlindo Marques, el Guardián del Tajo le espera un futuro judicial nada envidiable.

/Portugal-Tajo-contaminacion

Europa lleva 15 años retrasando una norma que obligue a los productores de fertilizantes reducir los niveles tóxicos

El reglamento actual de 2003 admitía el peligro del cadmio contenido en estos productos e incluía un mandato para redactar una regulación específica. Un dictamen de la Agencia de Seguridad Alimentaria admitía en 2009 que “la exposición al cadmio de la población debe reducirse”. La Comisión Europea ha propuesto un plan de reducción al que se opone la patronal y que está pendiente de negociación con los gobiernos de la UE. Europa renueva por cinco años la autorización del herbicida glifosato

EUROPA PRESS
El  Reglamento Europeo sobre fertilizantes hoy en vigor admitía en 2003 el peligro que el cadmio contenido en estos agroquímicos supone para la salud y el medio ambiente. E incluía un mandato para que la Comisión Europea abordara la cuestión y redactara una regulación específica. 15 años después, la propuesta concreta para restringir los niveles de este mineral pesado se ha topado con la resistencia de la industria de fertilizantes y un grupo de estados que se alinean con esas posiciones entre los que destaca España.
Crear una legislación para que los fabricantes produzcan unos fertilizantes con menos cadmio, ha necesitado, de entrada, un  dictamen de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria que estableció en 2009 un nivel de ingesta semanal tolerable (2,5 mcgr/kg) y explicó que “las exposiciones medias en la dieta están cerca o ligeramente por encima” de ese valor. Para algunos grupos de población “podría aproximarse al doble”. Sin alarmismos, la EFSA concluyó que, si bien no preveía daños en la función renal, “la exposición al cadmio de la población debe reducirse”.  
Con lo cual, hace nueve años, las autoridades de la Unión Europea ya conocían las recomendaciones científicas. De hecho, una nueva revisión de la EFSA sobre la exposición al cadmio mediante los alimentos en 2012 repitió que “los niños y los consumidores con exposición alta [al cadmio] pueden exceder los valores recomendados para salvaguardar la salud”.
La revisión de las normas sobre fertilizantes en Europea está en marcha desde 2010. En 2015,  la hoja de ruta oficial de la Comisión admitía que la reglamentación actual “falla a la hora de abordar las preocupaciones medioambientales que suscita el cadmio por la contaminación del suelo y, en definitiva, de la comida”.
La comisaria de Mercado Interior e Industria, Elzbieta Brenkowska, le ponía palabras al proyecto legislativo: “El cadmio es un producto químico altamente tóxico que puede tener graves y, frecuentemente irreversibles, efectos en la salud de las personas y el medio. Los fertilizantes de fosfato que lo contienen son la principal fuente de contaminación”.
El borrador del Ejecutivo europeo quería establecer el límite de cadmio en 60 mg, para luego rebajarlo a 40 mg en tres años y dejarlo en 20 mg tras 12 años. Mientras, la industria ha considerado que estos límites estaban fuera de lugar. Tanto la patronal española ANFFE como la Europea, Ferilizers Europe, ambas presididas por la empresa española Fertiberia, han protestado según se iban conociendo las propuestas. Los niveles máximos, han sostenido, no responden a evidencias científicas sobre los efectos nocivos del cadmio y supondrían un golpe mortal para la viabilidad económica del sector.
Sus peticiones fueron escuchadas parcialmente por el Parlamento Europeo que, al fijar su postura en octubre de 2017, votó a favor de dar más tiempo a los fabricantes para cumplir con los límites (de tres a seis años para los 40 mg y 16 años para el umbral definitivo). Durante el debate, la representante del PP español, Pilar Ayuso, ya dijo que los límites propuestos “son demasiado duros” y pidió flexibilizar le norma para dejarla en los 80 mgr. Muy en la línea de lo que está defendiendo el Gobierno español mediante el Ministerio de Agricultura en los foros gubernamentales. El eurodiputado de Equo, Florent Marcellesi, cuenta que las negociaciones están sobrevoladas por “la defensa de la industria que hace el Consejo de la Unión y su afán por debilitar la propuesta que está encima de la mesa”.
El Consejo (el grupo de jefes de Estado y de Gobierno de los 28 miembros) tomó una postura sobre el tema en diciembre de 2017 pero “no se ha hecho pública”, según confirma la Comisión.
Marruecos y la geopolítica
Además de lo medioambiental y la salud, aquí se juega una cuestión geopolítica”, analiza un parlamentario europeo sobre la regulación de los fertilizantes cuyo proceso de negociación final está a punto de arrancar. ¿Por qué? Porque una buena parte de estos productos se producen a base de fosfatos. Y una de las principales potencias mineras de fosfato es Marruecos. Es el actual tercer productor mundial tras China y EE UU. Pero ocupa el primer puesto de las reservas confirmadas de rocas fosfáticas.
Pero, muchos de los yacimientos marroquíes están situados en el Sahara occidental. Precisamente, los acuerdos económicos sobre libre mercado agrícola y pesquero entre la Unión Europea y Marruecos están en tela de juicio tras la opinión del abogado general del Tribunal Europea que ha recomendado hacer unas semanas estipular que esos acuerdos son inválidos por no tener en cuenta los derechos saharuis. Rápidamente, el presidente de la CE, Jean Claude Juncker, ha salido al paso para asegurar al Gobierno marroquí que “se tomarán las medidas apropiadas para implementar los acuerdos”.
Entre otros temores, el abastecimiento de fosfato está entre las principales preocupaciones. Al fin y al cambo el propio Gobierno español ha asegurado que sin el acceso a la roca fosfática del norte de África, la industria de fertilizantes española se quedaría fuera del mercado. Un  mercado cuya demanda en España ha crecido un 14% en cinco años para los productos a base de fosfato y casi llegar al medio millón de toneladas. Un sector que consumió 1,8 millones de toneladas de todo tipo de fertilizantes en 2016 y facturó 2.135 millones de euros.
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Estamos perdiendo la batalla para salvar el clima (y nuestra supervivencia)

Ya es imposible seguir mirando a otro lado o echar balones fuera con el cambio climático. Hay que ser mucho más ambiciosos, y de manera muy urgente. En España el Gobierno parece no tener ninguna prisa por tomar medidas, y evita llevar adelante una ley ambiciosa contra el cambio climático. 

VARIOS MANIFESTANTES SUJETAN UNA REPRESENTACIÓN DE LA TIERRA EN LA ÚLTIMA CUMBRE DEL CLIMA. EFE
La retórica ya no sirve contra el cambio climático.  La filtración del borrador del informe que el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) está preparando y que será clave en las negociaciones de la próxima cumbre del clima COP24, ha puesto en evidencia que estamos perdiendo la batalla global para salvar el clima.
Quizá a más de uno le sorprenderán o le aterrarán – o quizás las dos cosas- algunas de las afirmaciones que se recogen en el informe, como que  “limitar el calentamiento global a 1,5ºC (en 2100) requerirá una rápida y profunda reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)” o que alcanzar los 2ºC conlleva un importante aumento en la intensidad de las consecuencias del cambio climático. Pero en cualquier caso, entenderá que la cosa no pinta demasiado bien: incluso cumpliendo los actuales compromisos del Acuerdo de París el problema no desaparecerá.
Ya es imposible seguir mirando a otro lado o echar balones fuera. Algunos lo venimos diciendo hace tiempo: hay que ser mucho más ambiciosos, y de manera muy urgente. El informe es contundente y pone negro sobre blanco la imposibilidad de dilatar más la toma de medidas efectivas, ya que si continuamos con las políticas actuales será imposible reducir las emisiones a tiempo para no superar los 1,5ºC o incluso los 2ºC. De hecho, el borrador del informe ya considera que no nos encontramos en disposición de alcanzar ciertos horizontes: “Incluso con la mitigación de emisiones de CO2 más restrictiva considerada en un escenario de 1,5ºC, si el resto de las emisiones de los elementos responsables del cambio climático no se reducen significativamente, existe una probabilidad mayor del 66% de que la temperatura global supere los 1,5ºC”.
Conseguir el objetivo requiere un compromiso político mucho más consistente para forzar una descarbonización de la economía a pasos agigantados. No sé qué pensará el ministro Nadal cuando lea que, para no sobrepasar los 1,5ºC un tercio de la energía deberá ser renovable en 2030; o que debe dejarse de usar el carbón de manera urgente. Lamentablemente, estoy seguro, de que seguirá con sus planes de defensa de las energías sucias, a costa de las renovables.
Sin embargo, el coste de esta desastrosa política es algo que no nos podemos permitir porque ya estamos a punto de cruzar el límite. Si el escenario del 1,5ºC limita – que no evita- los impactos del cambio climático, subir medio grado más implica efectos desastrosos: aumenta el riesgo de inundaciones, sequías, escasez de agua e intensas tormentas tropicales. Las consecuencias subsiguientes son, entre otras, la reducción de cultivos, extinción de especies, el aumento del hambre, la migración y el conflicto.
Pero el cambio no sucederá por casualidad. Tal como advierten en el borrador del informe el cambio necesario “no tiene precedentes históricos documentados”, sino que “requieren más planificación, coordinación e innovación disruptiva entre los actores y las escalas de gobierno que los cambios espontáneos o coincidentes observados en el pasado”.
Esto se hunde mientras los principales actores políticos tocan el violín en la cubierta. En España el Gobierno parece no tener ninguna prisa por tomar medidas, y evita llevar adelante una ley ambiciosa contra el cambio climático. Menos mal, que en algunas Comunidades ya han tomado nota, la última Baleares que han presentado esta semana una ley de Cambio Climático pionera. Perdemos la cuenta de los meses que han pasado desde que la ministra Tejerina anunció el proceso para presentar un borrador de Ley. La irresponsabilidad de este Gobierno no parece tener límite, pero las emisiones de CO2 sí. Si creen que estoy exagerando, lean el borrador si pueden; a mí me ha dejado la piel de gallina.

La ministra Tejerina influye sobre los límites tóxicos de los fertilizantes sin tener que asistir a reuniones en Europa

El sistema para redactar normas europeas da voz a los Gobiernos nacionales en cada fase del proceso negociador entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo de la Unión. La postura del Ejecutivo de Rajoy ya ha sido marcada por el Ministerio de Agricultura: intentar que los umbrales de cadmio sean más permisivos para favorecer a la industria en la que trabajó Tejerina. La Ministra se reunió con "representantes de Fertiberia", la líder del sector en diciembre sin más explicaciones sobre el contenido o conclusiones del encuentro. La ministra Tejerina, exdirectiva de la industria agroquímica, frena en Europa una bajada de tóxicos en los fertilizantes

LA MINISTRA GARCÍA TEJERINA JUNTO A JAVIER GOÑI EN LA ENTREGA DE PREMIOS FERTIBERIA A TESIS DOCTORALES AGRÍCOLAS.
La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, se reunió el pasado 13 de diciembre en la misma sede del Ministerio que dirige con “representantes de Fertiberia”, según informó su propio departamento. Hasta ahí llegaron las explicaciones oficiales ya que no se dio cuentas sobre los temas que se tratarían o de cómo había ido el encuentro. Ninguna otra información ha sido facilitada más allá de una foto oficial. El largo funeral de los fosfoyesos en Huelva: el Gobierno cede a las pretensiones de Fertiberia
En ese encuentro estaba, según se observa en la imagen tomada por el Ministerio, Javier Goñi del Cacho, presidente de Fertiberia, empresa dedicada a los productos agroquímicos: el mayor productor de fertilizantes de España y fabricante de fitosanitarios. El ejecutivo ingresó en Fertiberia en 2002 y, dos años después, se incorporó a ese grupo la actual ministra, Isabel García Tejerina que acababa de completar cuatro años como secretaria general de Agricultura y Alimentación en el Gobierno de José María Aznar. Tras ocho años compartiendo empresa con Goñi, regresó al mismo puesto en el Ejecutivo ya de Mariano Rajoy.
A pesar de la ausencia de explicaciones tras esa reunión, al menos dos asuntos con relación directa entre la acción de Gobierno y la actividad de Fertiberia estaban en las agendas. Por un lado, la renovación in extremis de la autorización para utilizar el herbicida glifosato en la Unión Europea obtenida el 27 de noviembre (la licencia caducaba el 15 de diciembre de 2017) y por otro la nueva regulación de los fertilizantes de fosfato y su contenido máximo del metal pesado tóxico cadmio.
En cuanto al glifosato, el Ejecutivo español defendió en todo momento la ampliación de la licencia, en contra de otros países como Francia. Las negociaciones hicieron que de una propuesta inicial de diez años se pasara a otra de ocho y, finalmente, a cinco.  El catálogo de productos de jardinería de Fertiberia incluye dos productos a base de este compuesto.
Respecto a los fertilizantes, el Consejo de Europa –que reúne a los Gobiernos de los estados miembro– tomó una postura para iniciar las conversaciones el 27 de diciembre, pero sin dar a conocer la postura de partida, según ha confirmado la Comisión Europea. Lo que sí se ha podido conocer, según ha publicado eldiario.es, es que el Ministerio de Agricultura español querría que los límites de cadmio no fueran “demasiado estrictos” para no perjudicar a la industria nacional.
Así que, la ministra, Isabel García Tejerina mantiene su influencia, casi directa, en las negociaciones sobre la nueva regulación europea de fertilizantes a pesar de su pasado en el sector y debido al propio sistema de creación de leyes de la Unión Europea. Aunque se ausentara personalmente de las sesiones, la postura de España ya ha sido dibujada. Y a cada paso del proceso legislativo, los gobiernos nacionales deben ser informados de cómo van las negociaciones.
Una norma como la que trata de establecer límites cada vez más estrictos de tóxicos en los fertilizantes se negocia mediante una técnica denominada: triálogo. Son algunos representantes escogidos del Parlamento, el Consejo y la Comisión europeos los que se reúnen y van añadiendo o vetando enmiendas al borrador inicial según el mandato que han recibido desde esos organismos.
Por ejemplo, para los valores máximos de cadmio en los fertilizantes de fósforo, el borrador inicial de la CE marca una hoja de ruta para dejar el umbral en 20 micgrogramos en 12 años. El Parlamento ya lleva una enmienda para alargar ese plazo a 16 años. La postura de los Gobiernos, que componen el Consejo, es todavía secreta.
En esos triálogos, se discutirá qué queda y qué sale de la futura norma: los niveles legales de tóxicos o los plazos para que entren en vigor. Es en ese foro de los Gobiernos donde ha tenido voz directa el Ministerio de Agricultura, es decir, Tejerina o alguno de sus colaboradores. El Gobierno español aboga por unos límites mucho más permisivos para salvaguardar a la industria de los fertilizantes que utilizan el fosfato (sobre todo del norte de África) como materia prima. Y España siempre tendrá una representación.
La presidencia de turno es la que acude
Durante las negociaciones de este triálogo, en las sesiones de trabajo, el Consejo de los estados miembro suele estar representados por el presidente de turno de las representaciones permanentes en la Unión Europea. Ahora esa figura recae en Bulgaria. Y “excepcionalmente por el ministro relevante del estado que ostenta la presidencia europea”, explican fuentes del Europarlamento.
Después de cada sesión, los negociadores informan a sus organismos (ya sea el Parlamento o el Consejo de Gobiernos) donde se les dan indicaciones para las nuevas rondas de conversaciones. Así se va redactando el texto que regulará, en este caso, hasta donde deberán los fabricantes limpiar esos fertilizantes de cadmio para que este metal pesado considerado cancerígeno no pase a los alimentos y, de ahí, a los humanos.
García Tejerina ha tenido que inhibirse en varias procesos regulatorios sobre el sector de los fitosanitarios en España. La ministra se abstuvo en virtud de las incompatibilidades de la ley del alto cargo de la tramitación en el Consejo de Ministros de sendos reales decretos sobre la comercialización de fitosanitarios y sobre fertilizantes en mayo y noviembre de 2017. Su figura en la “tramitación y elevación al Consejo de Ministros” fue sustituida por el ministro de Economía.
En las instituciones europeas “más allá de una persona concreta, es el propio sistema el que ha hecho de las puertas giratorias un sello de identidad”, analiza el eurdopitado de Equo, Florent Marcellesi. “Aunque que Tejerina se retirara sería una señal bienvenida de higiene democrática”, remata.
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