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jueves, 17 de noviembre de 2011

Juez ve daños "irreparables" a Azata y rechaza ejecutar la sentencia del Algarrobico

La citada ejecución no se limita a revisar de oficio el permiso sino que "conduce en última instancia al derribo de lo construido".
 | Actualizado 09 Noviembre 2011 - 17:38 h.
Un juez de lo Contencioso-administrativo ha rechazado ordenar la ejecución provisional de la sentencia que declara nula de pleno derecho la licencia municipal de obras del hotel de Azata del Sol en El Algarrobico, en Carboneras (Almería), al considerar que la demolición de lo construido "llevaría consigo perjuicios ciertamente irreparables e irreversibles" para la promotora del establecimiento.
El auto deniega la solicitud que en septiembre fue presentada por los colectivos conservacionistas Salvemos Mojácar y Ecologistas en Acción que, con su demanda, perseguían que el Ayuntamiento de Carboneras dictaminase a su vez la nulidad del acto administrativo en el que se aprobó la licencia de obras para, de este modo, eliminar cualquier "obstáculo legal" para acometer el derribo del inmueble de una veintena de plantas y 411 habitaciones.
El titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2, el magistrado Rául Hugo Muñoz, quien cita profusamente jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y del Tribunal Supremo (TS), entiende, haciendo suyos los argumentos expuestos por la empresa Azata del Sol, que el mantenimiento de la situación actual "en nada impide la ulterior ejecución de la sentencia" y subraya que aceptar la citada ejecución provisional "habría de conducir en última instancia a la demolición de lo construido".
En esta línea, la resolución, contra la que cabe recurso de apelación, señala la necesidad de garantizar el derecho de tutela judicial efectiva y remarca que es"evidente" que cuando el anterior titular del órgano, el magistrado Jesús Rivera, ordenó en su fallo que el Ayuntamiento de Carboneras revisase de oficio el acto administrativo que dio lugar a la concesión del permiso de obra se trató de una cuestión "formal o rituaria".
Así, sostiene que la sentencia "no se limitó" a ordenar la incoación de un procedimiento de revisión de oficio sino que declaraba "directamente" la nulidad de la licencia otorgada en su día para la construcción del hotel, por lo que limitar la ejecución provisional a lo primero implicaría además el riesgo de incurrir "en dilaciones indebidas" ya que daría lugar a un segundo y un tercer recurso contencioso-administrativo para determinar la "juridicidad" del acto administrativo objeto de la controversia.
El juez de Almería que ordenó en febrero de 2006 la paralización cautelar de las obras del hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico (Carboneras) declaró en una resolución fechada el 5 de septiembre de 2008 la nulidad de la licencia municipal del hotel concedida por el Ayuntamiento de Carboneras. Este fallo se encuentra recurrido por Azata del Sol y el Ayuntamiento de Carboneras ante el TSJA.
La sentencia del magistrado Jesús Rivera aseguraba, asimismo, que la Junta de Andalucía realizó lo que tildaba como "una burda maniobra" para sustituir la planimetría del PORN publicada oficialmente en BOJA en 1994 por otra para "orillar la limitación que imponía" y "permitir de esta guisa" la obra del hotel en terrenos de especial protección.
ACUERDO JUNTA-MARM
El Alto Tribunal andaluz, en una sentencia por la que ordenó suspender provisionalmente y de manera parcial el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural de Cabo de Gata-Níjar al considerar que el nivel de protección dado al paraje de El Algarrobico podría reactivar el uso turístico del establecimiento, dictaminó que, cuando se comenzó su construcción, la zona era "no urbanizable" en contra de lo que sostiene la Administración andaluza, que lo sitúa en zona D2 o zona "no incompatible con el uso urbanístico"
El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) anunció hace dos meses que, en colaboración con la Junta de Andalucía, había comenzado a redactar un convenio bilateral en el que se plasmarán las competencias de cada administración a la hora de demoler el hotel y de restaurar el entorno enclavado en el parque natural Cabo de Gata-Níjar una vez exista pronunciamiento judicial.
Según los primeros datos que han trascendido del acuerdo, el departamento que dirige la ministra Rosa Aguilar se ocuparía de la demolición del hotel, mientras que la Junta de Andalucía sería la encargada de gestionar los residuos que provocara dicha demolición y, posteriormente, de reconstituir el paraje. El MARM prepara, asimismo, un plan de empleo para la zona.
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martes, 20 de septiembre de 2011

Algarrobico: lo antiestético y lo indecoroso


Blogpost por Miren Gutiérrez - septiembre 17, 2011 en 9:30
Todavía con las vertiginosas imágenes tomadas por activistas de Greenpeace desde las grúas de El Algarrobico en la retina, llega del Ministerio de Medio Ambiente la noticia de que existe un acuerdo para demoler el hotel.

Como nos decía la Secretaria de Estado de Cambio Climático y Biodiversidad, Teresa Ribera, ya no hay vuelta atrás.

Nos han hecho muchas veces la pregunta: ¿por qué obcecarse con El Algarrobico, precisamente, cuando hay centenares --¿millares?-- de ejemplos de violación nuestras costas? De hecho, y como viene denunciando nuestro Destrucción a toda costa, en los últimos veinte años se ha destruido de media una superficie equivalente a ocho campos de fútbol al día en nuestro litoral...

Pero El Algarrobico lo tiene todo. Todo: una ostentación de nuevo rico que contrasta con la belleza arriscada de matorral semiárido, cielo y mar sin aditivos; la desfachatez de los catorce metros que lo separan de la línea del mar y los 21 pisos de altura que achican la playa; la retahíla de sentencias que avalan su ilegalidad, y la consiguiente escalada de recursos liderados por empresa, Junta de Andalucía y alcaldía, que enarbolan la mala excusa de los empleos (pocos, temporales y no cualificados) que supuestamente generaría el hotel, a costa de algo tan valioso.
En vez de optar por la defensa de la riqueza natural y una sostenibilidad que garantice el futuro económico, social y cultural, se opta por lo pantagruélico del turismo all-inclusive y lo obsceno de la arquitectura agresión, en beneficio de unos pocos.

Todo ello se aúna para hacer de este engendro de hotel un símbolo perfecto de las consecuencias de la carrera inmobiliaria que nos ha sumido en esta crisis. La construcción de puertos sin contenedores, de aeropuertos sin pasajeros y de hoteles sin visitantes hinchó una burbuja de rápido reventón.

Lo antiestético es en este caso un fiel reflejo de lo indecoroso. Que su demolición sirva de ejemplo.

Miren Gutiérrez, directora ejecutiva de Greenpeace España
(Publicado en Diario Vasco)

miércoles, 2 de febrero de 2011

Algarrobico/ Activistas ante el juez por el hotel ilegal


Blogpost por Elvira Jiménez - febrero 1, 2011 en 12:30
En un nuevo capítulo de la enrevesada historia del hotel de El Algarrobico, hoy comienzan a declarar los 30 activistas de Greenpeace por la acción de febrero de 2009 en la que se cubrió el hotel con una lona verde. Con esta acción pacífica quisimos “borrar” el hotel ilegal de la costa del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, y denunciar la renuncia del Gobierno a expropiar los terrenos públicos donde se ubica.

Dos años después, los activistas son llamados a declarar en los juzgados por denunciar lo que los propios juzgados han reconocido en más de una docena de pronunciamientos.Parece un trabalenguas pero es la incomprensible realidad de una maraña de procesos judiciales en los que se ha dado la razón en 16 ocasiones a la ilegalidad del hotel, y los que la empresa promotora y el Ayuntamiento de Carboneras han dilatado mediante innumerables recursos tratando de defender lo indefendible.

Sin embargo, han pasado seis años desde que se publicase la orden ministerial que deslindó los 100 metros de servidumbre de protección en los que se incluye el hotel, cinco años desde que se paralizasen las obras y tres años desde que comenzasen a llover los pronunciamientos a favor de la ilegalidad de la licencia de obras, de la validez de la orden ministerial y de la invalidez del PORN de 2008. Pero el hotel sigue en pie y quienes se sientan hoy en los tribunales no son quienes han permitido que se construya el hotel sino quienes defienden pacíficamente lo que la propia justicia ha reconocido. 

El hotel de El Algarrobico es algo más que 21 plantas de ladrillo y cemento en un Parque Natural a 14 metros de la ribera del mar. Es un símbolo de lo que ha sido el pasado y presente de nuestras costas y cuál será su futuro. Los motivos que fundamentaron en 2005 la declaración de utilidad pública de los terrenos y el consecuente inicio del expediente de expropiación por parte del Ministerio de Medio Ambiente siguen vigentes, y reforzados si cabe por sentencias judiciales. Pero aún con el cambio de Ministra, continúan las excusas. 

El hecho de que el hotel aún esté en pie sigue enviando el mensaje de que en nuestras costas la ley no es igual para todos y que el esfuerzo de las administraciones por defender lo público es distinto según quien lo ocupe
Elvira Jiménez, campaña de Costas de Greenpeace

miércoles, 26 de enero de 2011

Rosa Aguilar señala que el parque natural Cabo de Gata "debe quedar libre del Algarrobico"

La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha manifestado que el parque natural Cabo de Gata debe quedar libre del hotel de Azata del Sol ubicado en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería).
ENVIADO POR: ECOTICIAS.COM / RED / AGENCIAS, 25/01/2011, 18:39 H 

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, la ministra ha explicado que "en el momento que la sentencia se produzca, el Ministerio está dispuesto a colaborar para derribar" este hotel, conocido como El Algarrobico.

   En este sentido, ha explicado que si la resolución judicial "abre la puerta" para proceder a su demolición, colaborarán directamente con el Gobierno de la Junta de Andalucía "en hacer realidad lo que es una demanda de la ciudadanía".

   Así, Aguilar ha confirmado que se está trabajando en un acuerdo global con las principales organizaciones ecologistas y el Ministerio está dispuesto a poner sus medios materiales y económicos con la Junta para ello.

lunes, 22 de noviembre de 2010

Greenpeace reclama al Ministerio de Medio Ambiente una hoja de ruta concreta sobre El Algarrobico

La organización ecologista lamenta que sólo exista un "compromiso" entre la Junta de Andalucía y el Gobierno para demoler el hotel

20 noviembre 2010

Imagen del Rainbow Warrior y al fondo el macrohotel del Algarrobico, 
situado dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Greenpeace ha 
hecho una pintada gigante que dice "HOTEL ILEGAL".
Imagen del Rainbow Warrior y al fondo el macrohotel del Algarrobico, situado dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Greenpeace ha hecho una pintada gigante que dice "HOTEL ILEGAL".
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España — Tras las declaraciones realizadas esta tarde en Sevilla por la ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, en las que garantizaba su “compromiso” de colaborar con la Junta de Andalucía para “dejar libre de El Algarrobico el Parque Natural de Cabo de Gata”, Greenpeace insta al ambas administraciones a establecer una hoja de ruta concreta para hacer real ese compromiso.
Aunque la ministra ha indicado que ha"prometido" estar al lado de la Junta de Andalucía "para colaborar y que de inmediato se pueda dejar libre de El Algarrobico esa zona tan singular y tan especial de Andalucía", Greenpeace le recuerda que son más de medio centenar los pronunciamientos judiciales que avalan la ilegalidad del hotel y que la obligación del Ministerio de Medio Ambiente y de la Junta de Andalucía es la de recuperar inmediatamente el suelo público para los ciudadanos. 

“No es necesaria más colaboración entre ambas administraciones para demoler el hotel ilegal de El Algarrobico, lo que se necesita es un acuerdo de Consejo de Ministros el próximo viernes para retomar el expediente de expropiación del la playa”, ha declarado Mario Rodríguez, director Ejecutivo de Greenpeace. “Si realmente se quiere teñir de verde el Ministerio de Medio Ambiente como ha anunciado la nueva Ministra, el peor ejemplo de la destrucción costera en nuestro país deber ser inmediatamente demolido”. 

Las obras de construcción del hotel de Azata del Sol, de 21 platas y 411 habitaciones construido en la playa de El Algarrobico y a 14 metros del mar, fueron paralizadas por la justicia en 2006. Desde entonces, Greenpeace se ha personado en más de medio centenar de procedimientos judiciales (1) contra las decisiones de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Carboneras.
En 2009, el Gobierno de España anunció la paralización del expediente de demolición del hotel a pesar de que la justicia en todos sus pronunciamientos judiciales apuntaba hacia la ilegalidad del hotel, y a pesar de que en 2008 el Gobierno anunció su demolición. En 2008 tanto el ex Presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, como la ex Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, anunciaron la demolición inmediata del hotel.
NOTAS
(1)
 Documento Algarrobico, 20 años de ilegalidades con los últimos pronunciamientos judiciales así como cuadro resumen de los procesos legales relacionados con el hotel de la playa El Algarrobico
http://www.greenpeace.org/espana/reports/100531
— Greenpeace

jueves, 21 de octubre de 2010

Andalucía se pierde…¡Recuperemos Andalucía verde!

21 Octubre 2010 por Greenpeace España


Nos vienen hoy a la memoria el hotel del Algarrobico, el estuario del río Tinto, el Campo de Gibraltar y el entorno de la ciudad de Huelva o la mina de las Cruces, en Sevilla…todos son puntos negros de la gestión de la Junta de Andalucía.

Esta mañana hemos presentado, en rueda de prensa en Sevilla, el proyectoRecuperemos Andalucía Verde, con el que Greenpeace y otros grupos ecologistas pretendemos mostrar a la Junta que estos problemas tienen fácil solución mediante la aplicación estricta de la legislación ambiental existente; con la imposición de sanciones efectivas a las infracciones y la eliminación de la impunidad; con la aplicación del principio de “quien contamina paga”; con la restauración de las zonas dañadas; la adopción de las alternativas más sostenibles, y el fomento de la participación ciudadana.
En los últimos años Greenpeace ha llevado a cabo numerosas campañas en Andalucía, una región en la que se acumulan algunos de los casos más graves de vulneración del medio ambiente y de la salud de las personas de nuestro país y cuya solución parece bloqueada. La actitud de la Junta de Andalucía, por acción u omisión, podría tener mucho que ver con ello.

En el informe “Recuperemos Andalucía Verde. Un informe sobre la política ambiental de la Junta de Andalucía”hacemos un balance del drástico cambio sufrido en la política medioambiental de la Junta, que ha pasado de ser, hace tres décadas, una comunidad autónoma puntera en la protección ambiental a una de las que peor gestiona su medio natural, hasta el punto de que hoy en día en su territorio se registran algunos de los casos más preocupantes de España –e incluso Europa– de destrucción del litoral y del patrimonio natural, así como graves problemas de contaminación.

En el informe se destacan siete ejemplos de conflictos ambientales en Andalucía. En cada uno de ellos se describe la respuesta que ha dado el Gobierno andaluz. Los ejemplos incluyen graves problemas de contaminación con repercusiones en la salud pública, como los de la bahía de Algeciras, las balsas de fosfoyesos de Fertiberia en Huelva o la mina de las Cruces de Sevilla; de destrucción del litoral, como el hotel de El Algarrobico, el proyecto del macropuerto de Tarifa o el polígono industrial de Las Aletas; pero también de la mala gestión de los montes andaluces, como el caso de destrucción de los recursos naturales en el Paisaje Protegido de Río Tinto, en Huelva.

Tú puedes ser un motor de cambio si unes tu voz a la nuestra para solicitar a la Junta de Andalucía soluciones urgentes para proteger nuestro patrimonio natural. Rellena esta encuesta online.
Internet de Greenpeace
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* Jornada Recuperemos Andalucía Verde:

Sábado 23, varios colectivos ecologistas de Andalucía participarán en la Jornada “Recuperemos Andalucía Verde” que se celebrará en el Museo del Baile Flamenco, y que contará con la presencia del Defensor del Pueblo andaluz, D. José Chamizo.
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lunes, 18 de octubre de 2010

De Chile, Hungría y el Golfo de México: estos desastres no serán los últimos

17-10-10 Por Guadalupe Rodríguez

La misma lógica de desarrollo, que ha llevado a la escasez de materias primas, conduce a la realización de proyectos técnicamente cada vez más complejos, en lugares más remotos, y con la consecuente peligrosidad aumentada. Cerrar ojos y oídos está a la orden del día para los gobiernos de Norte y de Sur. Dejar hacer. Y maquillar de verde: pretendiendo que toda iniciativa industrial y extractiva es sostenible, verde o renovable. Igual si están extrayendo petróleo, oro, uranio, cobre o hasta cultivando soja transgénica, para las empresas todo es “sostenible”. E incomprensiblemente, las políticas les apoyan.
De Chile, Hungría y el Golfo de México: estos desastres no serán los últimos Desastres socio-ecológicos y responsabilidad política y empresarial

Después de contemplar aliviados como la Pachamama gustó de volver a parir milagrosamente a los 33 mineros chilenos, y de haber derramado lágrimas y suspiros de alivio frente a la caja boba, es el momento para reenfriar la cabeza y volver a la reflexión.

Los medios masivos se centran en el drama humano, y en lo anecdótico, dando menor espacio a las condiciones sociales, económicas y políticas que crearon este y otros desastres recientes. Por la gravedad de las consecuencias, empresas y gobiernos deberían enfrentar la responsabilidad criminal, por ser quienes causan una destrucción y contaminación de estas dimensiones con sus actividades y sus políticas. Por la imposición de una economía basada en el crecimiento sin límites, se puede preveer fácilmente que este tipo de catástrofes irán en aumento a futuro.

Los que siguen son hechos contundentes que ejemplifican la situación.Chile es el productor de cobre más importante del mundo La mina San José es una explotación de cobre y oro muy antigua, situada cerca de la ciudad de Copiapó, en el desierto de Atacama. Pertenece a la Compañía Minera San Esteban, que practica la mediana minería. En operación desde el siglo XIX, se ha vinculado a varios accidentes mortales en el pasado que motivaron su cierre hace unos años durante un breve período. Tras su reapertura, en los últimos cuatro años hubo tres accidentes fatales. La empresa acumula denuncias por su inseguridad, que una vez más se vio trágicamente confirmada por el accidente que dejó a los muy famosos 33 mineros enterrados a más de 700 mts. de profundidad durante más de 70 días. Apenas un mes antes del derrumbe hubo, en la mina un accidente con una víctima que sufrió amputación de una pierna. De acuerdo a las denuncias, las irregularidades de la compañía San Esteban incluyen entre otras muchas, el retraso del anuncio del accidente, violación de medidas de seguridad y el no pago del seguro social de los mineros. Pero nada sucedió a la empresa.

La mina San José forma parte de un complejo minero que produce alrededor de 1.200 toneladas de cobre al año. El cobre es la principal exportación del país y una de las mayores fuentes de ingresos. A pesar de eso, las medidas de seguridad y el control en este sentido del sector deja muchísimo que desear. No sé porqué, pero cuando el presidente de Chile declara satisfecho cómo y cuánto van a mejorar, no me lo termino de creer.

El lodo tóxico que se “vertió” en Hungría
Ocurrido el 4 de octubre de 2010 y aun de plena actualidad, el accidente de la planta de alúmina (óxido de aluminio Al2O3) en la ciudad de Ajkai al oeste de Hungría es otro “síntoma” de un sistema político-económico irracional. La alúmina es un sub-producto que resulta de refinar la bauxita (http://es.wikipedia.org/wiki/Al%C3%BAmina), y que se utiliza para la producción de aluminio y otros productos.

Los medios de comunicación de masas hablan de “vertido” o “fuga”, lo que sugieren al oyente o al lector la sensación de un problema pequeño y bajo control. Pero fue una riada, un derrame, un torrente de lodo tóxico rojo-anaranjado con radiactividad y lleno de metales pesados, que se desparramó por todo el medio, los campos de cultivo, las aguas, la vegetación, las calles. Al menos nueve personas han resultado muertas, y más de 150 heridas. Cientos de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Constituye la mayor catástrofe ecológica en la historia de Hungría y sus consecuencias sobre la salud aún no han sido desveladas. Son varios los pueblos que han resultado afectados, como Kolontar o Devecser. Un afluente del Danubio ha resultado afectado. Los costos de limpieza ascenderán a millones de euros. Los daños permanecerán en el ambiente durante décadas, y eso, no hay dinero que lo compense.

El petróleo de BP regó el Golfo de México
El caso de BP pasó de largo. Ya no se habla de él. La friolera de 4,9 millones de barriles de crudo fluyeron desde el fondo del mar de manera ininterrumpida desde el 20 de abril de 2010 y durante los 85 días que tomó controlar el vertido.

En Europa, en el mar del Norte y en el Mediterráneo existen cientos de plataformas petroleras (*). Pero la Comisión Europea, tras examinar la normativa existente en esta materia, acaba de suavizar su anunciada intención de controlar estrictamente las plataformas marinas de extracción de petróleo con el fin de evitar catástrofes ambientales como la de BP en el golfo de México. En lugar de una moratoria, establecería una mera opción a tomar por los diferentes estados miembro. La disminución en las exigencias se estaría debiendo a los intereses del sector, muy bien representados en Bruselas.

Además, de acuerdo a la lógica del crecimiento global que marca la Unión Europea y que crea la necesidad de abrir nuevas plataformas petrolíferas, las empresas deberán disponer de un plan de emergencia y probar que tienen disponibles los medios financieros necesarios para pagar los daños medioambientales, a las especies marinas protegidas y a los hábitats naturales que pueda causar un accidente. Esto indica ciertas buenas intenciones, pero no consideran que muchos de estos daños son irreparables.

Racionalizar y reducir el consumo de gas y petróleo y reducir paralelamente los mercados energéticos no es contemplado por la oficialidad como una opción ni como un camino a tomar.

¿Qué nos va a quedar?
Pues a este paso, nada. La misma lógica de desarrollo, que ha llevado a la escasez de materias primas, conduce a la realización de proyectos técnicamente cada vez más complejos, en lugares más remotos, y con la consecuente peligrosidad aumentada.

Cerrar ojos y oídos está a la orden del día para los gobiernos de Norte y de Sur. Dejar hacer. Y maquillar de verde: pretendiendo que toda iniciativa industrial y extractiva es sostenible, verde o renovable. Igual si están extrayendo petróleo, oro, uranio, cobre o hasta cultivando soja transgénica, para las empresas todo es “sostenible”. E incomprensiblemente, las políticas les apoyan. Y la sociedad civil cada vez tiene menos margen de denuncia, pues se empieza a restringir peligrosamente la libertad de expresión y opinión, así como a criminalizar a los movimientos sociales. Y la economía sigue por los suelos.

Si la mayoría de las grandes empresas están destinando gran cantidad de recursos a conformar su responsabilidad social corporativa, que en la mayoría de los casos consiste en burbujas de apariencias y buenas intenciones, aunque vacías, que paguen lo que deben a la sociedad y a la naturaleza. El caso más actual de los tres que hemos tocado lo muestra claramente: los “responsables” de la compañía minera chilena sabían perfectamente que en el yacimiento San José no había vías de escape ni ventilación adecuada, ni la fortificación necesaria. Y las toridades también, porque fueron hechas denuncias ante las autoridades en diversas ocasiones.

Mientras ministros y presidentes se pasean por los lugares en los que han sucedido estas catástrofes, los ecologistas nos preguntamos quién va a ser la primera autoridad, alto cargo o propietario de transnacional en pagar la responsabilidad criminal por las diferentes tragedias personales y socio-ambientales, los traumas, la contaminación, la destrucción. Cada país y su contexto se enfrentarán a sus accidentes y tragedias de modo diferenciado. Lo que sí tendrán en común los desenlaces será con toda seguridad, que los auténticos responsables no serán los que paguen las consecuencias, sino los trabajadores de las minas o las plantas de producción, la población circundante y el medio ambiente. Y la impunidad seguirá su avance implacable en la sociedad global cuya economía global se dedica a producir bienes globales que desplaza por el globo arrasando con todo lo que se encuentra a su paso.

La respuesta está en no aceptar este tipo de proyectos, como ya sucede en miles de lugares en todo el Sur y el Norte global. La población está reaccionando. Nadie quiere las plantas industriales en su suburbio, las minas a cielo abierto en su reserva de bosque primario, las hidroeléctricas en su río, ni los vertidos nucleares en su patio trasero. Un mínimo porcentaje de todo esto es realmente necesario. Una de las claves está en reducir el consumo de energía y bienes.

En vivir una vida más de acuerdo a la naturaleza, más cerca de la tierra, más amigable con el ambiente y con el otro. En replantear nuestra sociedad y las bases éticas sobre las que se asienta. Ahora o nunca. www.ecoportal.net

14.10.2010 - Guadalupe Rodríguez - Salva la Selva -http://www.salvalaselva.org

Nota:
(*) Hay casi 900 instalaciones en alta mar en funcionamiento en la UE: 486 en el Reino Unido, 181 en Países Bajos, 61 en Dinamarca, 2 en Alemania, 2 en Irlanda, 123 en Italia, 4 en España, 2 en Grecia, 7 en Rumanía, 1 en Bulgaria, y 3 en Polonia. Chipre y Malta en un futuro próximo.

martes, 24 de agosto de 2010

Greenpeace denuncia que una constructora española pretende destruir la única Reserva del golfo de California

- Megacomplejo está proyectado a pocos metros de un Parque Nacional
- Hansa Urbana, promotora del proyecto, tiene antecedentes por irreguralidades

24 agosto 2010
Vista aérea del Parque 
Nacional Cabo Pulmo, Baja




California. México.
España — Greenpeace, junto con las organizaciones Wildcoast, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y Amigos para la Conservación de Cabo Pulmo A.C (ACCP), ha presentado esta mañana en México DF el informe Cabo Cortés: destruyendo el paraíso. En él se expone cómo Hansa Urbana, controvertida empresa de origen español, tiene previsto construir un megacomplejo turístico en la zona protegida de Cabo Pulmo. Las organizaciones piden que no se lleve a cabo este proyecto, que pone en riesgo un ecosistema considerado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO.

En 2008 Hansa Urbana obtuvo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (SEMARNAT) la autorización para iniciar la construcción de Cabo Cortés en Los Cabos (Baja California Sur). Proyectado sobre una extensión superior a 3.800 hectáreas, contaría con un puerto deportivo de 490 amarres, dos campos de golf, capacidad para 30.000 habitaciones y 5.000 viviendas para los trabajadores, es decir una capacidad habitacional casi igual a la de Cancún. Este desarrollo colinda con Cabo Pulmo, un Parque Marino Nacional que es parte de la lista del Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO, y que en 2008 fue incluido en el Convenio RAMSAR para la protección de humedales de importancia internacional. Tras dos años de lucha, y tras interponer recursos legales ante el CEMDA y Defensa Ambiental del Noroeste (DAN), la SERMANAT decidió recientemente que no debía autorizar el proyecto.

Greenpeace considera que el hecho de que se otorgara inicialmente la autorización y ahora se pretenda modificar debido a irregularidades pone en evidencia la falta de rigurosidad a la hora de aprobar proyectos que ponen en riesgo el medio ambiente. “Es increíble que autorice un proyecto depredador como Cabo Cortés con un solo trámite y dos años después, sólo por la presión de la sociedad y recursos legales, se decida modificar la autorización. ¿Cuántos proyectos similares existen con autorizaciones que implican el daño a ecosistemas? No queremos que se modifique la autorización de Cabo Cortés, queremos que se cancele pues hay argumentos que van más allá de los recursos legales, que ponen en riesgo a Cabo Pulmo”, explicó Alejandro Olivera, portavoz de Greenpeace México.

Cabe señalar que la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP) emitió en julio de 2009 una opinión negativa sobre el informe de impacto ambiental presentado por Hansa, y sobre el impacto potencial del proyecto. También existe una opinión técnica de la Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial de la Semarnat, que ha señalado la inviabilidad legal del proyecto dado que contraviene tanto el Plan de Ordenamiento Ecológico de Los Cabos como programas sectoriales y legislación. A pesar de esto la Semarnat decidió autorizarlo en 2008.

“Cabo Cortés puede tener un impacto totalmente destructivo sobre el arrecife de coral y todo el ecosistema. Su estudio de impacto ambiental presenta numerosas deficiencias que no han sido corregidas; se basa en información falsa o errónea; no analiza a fondo algunos de los impactos potenciales más graves; y no tiene en cuenta los problemas sociales que puede generar la llegada masiva de trabajadores a una región poco poblada y escasa de servicios”, ha denunciado Fay Crevoshay portavoz de Wilcoast.

La empresa promotora de Cabo Cortés, la constructora Hansa Urbana acumula en España una serie de investigaciones por irregularidades en el proceso de aprobación de su proyecto Novo Carthago (Cartagena, Murcia)especialmente en lo que se refiere a la tramitación urbanística y el proceso de recalificación de los terrenos. La Fiscalía de Murcia lo ha investigado después de conocer que el campo de golf va a construirse en un paraje protegido por la Unión Europea como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC). Por otro lado, en mayo de 2010 Rafael Gálea, director general de Hansa Urbana fue llamado a declarar por un juez en calidad de imputado, ya que existen “indicios racionales” de participación en delitos contra la Hacienda Pública y falsificación de documentos. La cuantía de los delitos superaría los seis millones de euros.

Greenpeace considera inaceptable que las empresas inmobiliarias y turísticas españolas, actores clave en el desarrollo insostenible llevado a cabo en España durante los últimos años, y que ahora se demuestra agotado, pretendan reproducir en otros países el desastre que ya han causado aquí. “Su modelo de negocio a corto plazo deja de lado los peligrosos impactos sociales, medioambientales y laborales de sus proyectos e hipoteca el bienestar de las generaciones futuras a cambio de beneficios rápidos para unos pocos. El proyecto de Cabo Cortés puede tener un impacto especialmente nefasto al afectar un ecosistema único, protegido nacional e internacionalmente y cuidado por los habitantes de la zona. Por eso nunca debe construirse”, ha explicado en México Mabel Bustelo de Greenpeace España. 

Las organizaciones demandan que Cabo Cortés no sea autorizado y en su lugar proponen que se promuevan intensivamente los esfuerzos de protección de Cabo Pulmo por parte de la comunidad local, que ha usado un modelo de turismo respetuoso con el medio ambiente.

“Nosotros hemos vivido del ecoturismo y de la protección al área marina protegida de Cabo Pulmo. El proyecto Cabo Cortés pone en riesgo nuestro sustento de vida. No hemos sido considerados a pesar de que estamos en su área de influencia. Es injusto que se le otorgue la concesión de 4,5 millones de metros cúbicos anuales de agua en una zona desértica cuando a nosotros nos hace falta y que se descarguen salmueras que vayan a dar al arrecife”,concluyó Mario Castro, habitante de la comunidad de Cabo Pulmo y vicepresidente fundador de ACCP.

Impactos del proyecto:


- La planta desalinizadora descargará 500 litros por segundo de amargos y salmueras que pueden ir hacia al arrecife de Cabo Pulmo.

- Contraviene la legislación que establece que cualquier nuevo proyecto turístico debe asegurar su propio abastecimiento de agua y el de los núcleos de población que se generen como consecuencia. Sin embargo este proyecto, si se desarrolla íntegramente, consumirá el agua equivalente a una ciudad de 71.000 habitantes (4,5 millones de metros cúbicos anuales).

- No se tienen en cuenta los posibles impactos del cambio climático y los pronósticos de un cambio del nivel del mar en el Pacífico.

- La marina modificara el perfil de la costa y afectará a la vida en los fondos arenosos y a la disposición de la arena. Cuando esté funcionando se generará un importante tráfico, que previsiblemente causará vertido de combustibles, basuras y ruidos que afectarán a la zona y más allá.

- La autorización contraviene lo recomendado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) ya que Cabo Pulmo se encuentra sin duda en la zona de influencia del proyecto. 

- El estudio presenta problemas de identificación y de falta de muestreos adecuados y suficientes se presentan en relación aves, mamíferos y reptiles, varios de ellos especies en riesgo.
— Greenpeace






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Destruyendo el paraíso: ciberactúa



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sábado, 17 de julio de 2010

Destrucción a toda costa 2010

16 julio 2010


El análisis de Greenpeace de los últimos años de destrucción de la costa muestra que no hay ningún indicio de abandono de la construcción masiva en el litoral ni del fin del acoso a los últimos espacios vírgenes.
Destrucción a toda costa 2010
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Destrucción a toda costa, 2008. Benidorm, Alicante. Comunidad Valenciana
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España — Greenpeace ha presentado hoy la décima edición de su informe Destrucción a Toda Costa, donde se analizan y recopilan los datos sobre la situación del litoral español durante la última década y se propone una hoja de ruta para proteger la poca costa que queda en buen estado. Tras años vigilando el litoral español, la organización ecologista destaca que el urbanismo salvaje, la construcción de infraestructuras y la contaminación han destruido en las últimas dos décadas en la costa española la superficie equivalente a ocho campos de fútbol al día. Asimismo, denuncia el acoso a los escasos espacios vírgenes que quedan y exige su protección.
Durante los últimos diez años Greenpeace ha sido testigo de la burbuja inmobiliaria y de las connivencias de las distintas administraciones públicas para ir depredando el territorio costero. Desde 1987 a 2005 se destruyeron un total 50.504 hectáreas de suelo natural en en los dos primeros kilómetros de franja costera (este dato no incluye el archipiélago canario); 7,7 hectáreas de costa degradadas cada día para crear urbanizaciones, suelo industrial y comercial.

“Todos somos conscientes de que la agresión a la costa ha sido imparable los últimos años. Pero lo más grave es que esta tendencia continúa y los políticos se afanan en acabar con la única normativa que defiende el litoral. Lo que hay que demoler es El Algarrobico y no la Ley de Costas y vamos a seguir luchando para que esto no pase”, ha declarado Juan López de Uralde, director de Greenpeace. “Es lamentable que por intereses partidistas se promuevan rebajas a la Ley de Costas que pretenden legalizar los desmanes que se han permitido durante todos estos años”.

Urbanismo salvaje
Si en el primer informe de la organización en 2001 se definía el futuro del litoral español como “negro”, ni la previsión más pesimista podía pronosticar lo que iba a pasar en la década que ha transcurrido. A día de hoy, en algunas zonas como Málaga o Alicante más del 75% de los terrenos colindantes al mar son urbanos o urbanizables. 

Entre 1990 y 2000 la población española aumentó un 5%, mientras la urbanización lo hacía un 25,4%. Este fenómeno imparable en la última década se ha extendido hacia los últimos rincones bien conservados del litoral: la Región de Murcia, Almería, Huelva, Rias Baixas o la costa cantábrica. En 2005 ya estaba urbanizado el 34% del primer kilómetro del litoral mediterráneo. Tan sólo un año después, en 2006, se duplicó el número de viviendas previstas en la costa: 1.479.000 nuevas casas. En 2008 España necesitaba algo más de 300.000 viviendas anuales, pero entre 2003-2007 se construyó el triple, tanto en la costa como en el interior. En 2007, el año del apogeo de la burbuja inmobiliaria, Greenpeace denunciaba que los ayuntamientos del litoral proyectaban la construcción de cerca de tres millones de nuevas viviendas. 

Construcción de infraestructuras
Históricamente tras la degradación del litoral se ha escondido también el Ministerio de Fomento, que no ha cumplido sus promesas de racionalización de los proyectos de puertos del Estado o la sostenibilidad de las ampliaciones de los mismos. 

En 2003 se estaban llevando a cabo una veintena de ampliaciones de puertos del Estado y en ese mismo año las inversiones aumentaron un 505% desde 1996. Existen numerosos ejemplos de puertos, como los de Granadilla (Tenerife) o el exterior de A Coruña, que aún careciendo de viabilidad técnica, ambiental y económica se han proyectado gracias a los fondos de subvención europeos y a los grandes negocios especulativos diseñados por las autoridades portuarias. 

Contaminación de las aguas
A lo largo de estos años, el crecimiento mal planificado ha tenido también su efecto en la contaminación de las aguas. Esta década ha estado marcada por las denuncias y sanciones de la Unión Europea por el incumplimiento sistemático de la legislación comunitaria en materia de vertidos, depuración y calidad de las aguas. Aunque en 2003 España fue condenada por el Tribunal Europeo por incumplimiento de las normas de calidad de aguas de baño, todavía en 2010 se enfrenta de nuevo a la sanción de la Comisión Europea ante el mismo tribunal por incumplir reiteradamente la normativa sobre depuración de aguas. 

Por otro lado, aunque en 2002, el Prestige se convirtió en la peor catástrofe ambiental de la historia de España, aún siguen sin existir la reforma del plan de contingencia o la designación de zonas de refugio de buques en caso de accidente.

 En un análisis por Comunidades Autónomas Greenpeace destaca:

Andalucía: con el 59% de su costa ya urbanizada, es una de las comunidades autónomas que más han maltratado su litoral en la última década. 

Asturias: ocupa el tercer puesto en el ránking de cambio de uso del suelo en los últimos 20 años. En dos décadas el incremento de superficie artificial fue del 50,5%, es decir, se dobló la superficie no natural de la costa.

Cantabria: en 2008 ya se habían rellenado con hormigón y desecado el 50% de los estuarios y zonas intermareales de la costa cántabra.

Cataluña: tan solo el 11% de su litoral no protegido está libre de edificaciones.

Ceuta y Melilla: diez años de destrucción urbanística en estas dos ciudades autónomas tienen como resultado que el 81% de suelo de Ceuta y el 53,3% de Melilla se ha transformado en superficie urbana.

Comunidad Valenciana: es la comunidad costera que más ha destruido su litoral esta década. En 2004 cada kilómetro cuadrado de esta comunidad recibió una media de 288 toneladas de cemento. Un año después, el 33% del primer kilómetro de costa estaba urbanizado. Y en 2008 existía un puerto deportivo cada 11 km de costa. 

Euskadi: más de la mitad de la población vasca se concentra en la costa, a pesar de que ésta constituye sólo el 12% del territorio. Además, en este litoral se acumula el 12% de las industrias químicas más contaminantes de todo el Estado.

Galicia: en la última década en esta comunidad se ha recalificado más suelo que en toda su historia. 

Islas Baleares: es la región que más territorio ha ocupado en esta década: el 41,4%.

Islas Canarias: a pesar que únicamente el 40% de su extensión es urbanizable, tan sólo en cinco años (entre 1997 y 2002) la superficie urbana creció un 54%.

Región de Murcia: entre 1990 y 2000, su población aumentó un 14,9, mientras que su crecimiento urbanístico se elevaba hasta el 52,6%.

¿Diez años más de destrucción?
Tras esta radiografía de destrucción costera, Greenpeace ha analizado el futuro que según las políticas estatales y autonómicas le espera al ya maltratado litoral. 

Buena parte de los tres millones de viviendas que se proyectaban en el litoral en 2007 están pendientes de la remisión de la crisis. La prórroga que permite retrasar la construcción en suelos urbanizables hasta 2013 y que España sea el país del mundo donde más dinero público se ha destinado a sostener el sector inmobiliario no auguran un buen futuro para lo poco de costa que queda virgen. Greenpeace ha establecido una hoja de ruta para los próximos diez años que pasa por el control de la corrupción y el respeto a la normativa existente. 

“En esta década se ha producido una urbanización masiva de la costa, sólo comparable a la de los años 60”, ha declarado Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace.  “Hoy sufrimos las consecuencias ambientales y la crisis económica, pero no parece que hayamos tomado nota de sus causas. Es imprescindible sentar las bases  hacia una economía sostenible en la costa antes de que sea demasiado tarde”.

Greenpeace señala 32 asignaturas pendientes en la gestión del litoral. Las iniciativas sobre una economía sostenible carecen de credibilidad si los casos de destrucción costera más icónicos siguen promovidos por las correspondientes administraciones. Así lo demuestran hechos como que el hotel ilegal de El Algarrobico siga en pie, que se promocione la construcción de puertos como el de Granadilla (Tenerife), Tarifa (Cádiz) o el de Pasaia (Gipuzkoa), que se promuevan desarrollos urbanísticos insostenibles como los de Marina d'Or y Cangas do Morrazo o que no se ponga fin a la contaminación de la bahía de Algeciras o de las rías gallegas.

“Somos muchos los que creemos que el verdadero lujo no es un hotel de cinco estrellas, que el verdadero lujo es una playa virgen. Un lujo no sólo visual sino que supone un potente activo económico para un turismo sostenible y actividades artesanales como la pesca. Nos quedan pocos espacios de costa virgen y la tolerancia con los macroproyectos urbanísticos y portuarios debe ser cero”, concluye Marcos.

En el informe diversos testigos de la destrucción costera, actores, cantantes, periodistas, pescadores o abogados dan en primera persona palabra a la destrucción. Rosa Regás, Manuel Rivas, Miguel Delibes de Castro o el ex director General de Costas Fernando Marín son algunas de las firmas que aparecen en el informe. Además, como apoyo al texto, Greenpeace ha recopilado un archivo de postales históricas de la costa que han vuelto a ser retratadas, exactamente en el mismo punto, años después.

LAS CIFRAS DE LA DESTRUCCIÓN
 
El 44% de la población española vive en la costa, que apenas representa el 7% del territorio. 

En los últimos 20 años se ha destruido en la costa española la superficie equivalente a ocho campos de fútbol al día. 
En algunas comunidades más del 75% de los terrenos colindantes al mar son urbanos o urbanizables y casi el 25% del litoral es costa artificial 

Urbanismo 

En España hay suelo recalificado y comprometido para construir cerca de 20 millones de viviendas. 

Entre 1990 y 2000 la urbanización en España aumentó un 25,4%, la población, un 5% 

En 2006 se duplicó el número de viviendas previstas en la costa: 1.479.000 nuevas viviendas. 

En 2007 los ayuntamientos del litoral proponían la construcción de cerca de 3.000.000 de nuevas viviendas. 

La construcción robaba al litoral el equivalente a tres campos de fútbol al día en 2007. 

En 2008 había en España tres millones de casas vacías. 

En 2008 España necesitaba algo más de 300.000 viviendas anuales, pero entre 2003-2007 se llegó a triplicar esta cifra. 

En 2008 la venta de pisos en la costa descendió un 30%. En 2009 había un millón de viviendas sin vender, casi la mitad en la costa mediterránea. 

España es el país que más dinero público ha destinado en los últimos meses a sostener el sector inmobiliario. 

En España hay 416 campos de golf. Cada uno necesita al año una cantidad de agua equivalente al consumo de una población de 10.000 habitantes. 
 Infraestructuras 

Entre 1998 y 2003 se incrementaron un 505% las inversiones en puertos del Estado. 

En 2006 había un centenar de nuevos proyectos para ampliar o construir puertos deportivos (42.000 atraques).

Contaminación 

En 2002 se triplicó el número de zonas en las que se prohibía el baño. Un nivel jamás registrado desde 1976.


El TEJ ha condenadó a España por incumplir las normas comunitarias sobre la calidad de las aguas de baño. 

En 2010, 38 ciudades españolas incumplen la normativa de depuración de aguas, cuyo plazo vencía en 2000. 

Turismo 

En 2004 el presupuesto para mantener las infraestructuras turísticas superó en un 25% a los ingresos del turismo. 

En 2007 la industria turística acumulaba su sexto año consecutivo de descenso de ingresos. A pesar de eso, ese año se proyectaron 202.500 nuevas plazas hoteleras. 

Corrupción urbanística 


En 2005, España se encontraba en el puesto 23 de 180 del ranking de corrupción mundial. 

En 2006 había en España 1/4 parte de los billetes de 500 euros emitidos por el Banco Central Europeo. 

Siete de cada diez alcaldes acusados de corrupción fueron reelegidos en las municipales de 2007. 

4.100 millones de euros han sido desfalcados en los últimos diez años, según El Mundo (equivalente a 50 hospitales). 

Más de 300 personas, entre políticos y empresarios,serán juzgados en 2010 por corrupción o tráfico de influencias 
 
— Greenpeace

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