martes, 8 de noviembre de 2016

La corrupción planea sobre la mina del desastre

A 18 años de la catástrofe ambiental en la explotación de metales de Aznalcóllar, la Junta apuesta por su reapertura.

La empresa Bolidén vertió en el desastre de Aznalcóllar aguas ácidas y lodos tóxicos en 4.402 hectáreas, muchas de ellas del Parque de Doñana.

La sombra de la corrupción sobrevuela la mina que causó uno de los mayores desastresmedioambientales de la historia de España. A las dudas sobre la reapertura de la explotación de metales de Aznalcóllar (Sevilla), que tras un accidente en el que se rompió la balsa de decantación de la mina vertió más de seis millones de metros cúbicos de lodos tóxicos y aguas ácidas ricas en cinc y arsénico al río Guadiamar en 1998, afectando a 4.634 hectáreas en el entorno del parque de Doñana, se suman las existentes sobre la legalidad de su adjudicación.
En abril de 2014 los gobiernos central y autonómico ultimaban los preparativos para la reapertura, una apuesta de Susana Díaz con el horizonte de los datos de paro de Andalucía y, en especial, de la comarca en la que se encuentra el recinto, con cifras superiores al 30%.
La juez Alaya ve “ilegalidades severas y arbitrarias” por parte de la Junta en el caso Aznalcollar
La adjudicación llegaba en marzo de 2015, anunciada entre trompetas de inversión y trabajo –la adjudicataria proclamaba la contratación de 200 personas en la primera fase y 1.100 más con el comienzo de los trabajos–.
Pero con la concesión llegaba la polémica: la perdedora de las dos finalistas del concurso,Emerita-Forbes Manhattan, llevaba a los juzgados el proceso que finalmente había ganado la UTE formada por la cordobesa Magtel y Grupo México, denominada México-Minorbis, un conglomerado con un amplio historial de vertidos tóxicos. Entre ellos se encuentra el más grave de la historia de México, en el que se vertieron a dos ríos y un pantano de Sonora 40.000 toneladas de cobre, arsénico, cadmio, cromo, fierro, manganeso y plomo.

Cóctel de delitos

Emerita presentaba una denuncia por delitos de “prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraude y negociación ilegal” en el proceso de adjudicación, y reclamaba una investigación a fondo de las millonarias ayudas públicas otorgadas a Magtel. La directora general de Minas de la Junta de Andalucía, María José Asensio, caía y era destituida al ser imputada en el caso.
La causa penal se archivaba en noviembre de 2015, dando por finalizada la suspensión cautelar de la adjudicación. Pero hoy el caso ha vuelto a las portadas. El 19 de octubre la Audiencia Provincial de Sevilla, con Mercedes Alaya a la cabeza, ordenaba la reapertura del caso al ver indicios evidentes de prevaricación. La juez veía además “ilegalidades severas y arbitrarias” por parte de la Junta en un caso que roza el surrealismo, con una concesión final de los derechos de explotación no a Minorbis (filial de Magtel) ni a Grupo México, sino a una tercera empresa, Minera Los Frailes, que Grupo México había comprado poco tiempo antes y que no participó en el concurso.
De fondo, las pasadas elecciones andaluzas de 2015 y las prisas por parte de la Junta para acelerar la adjudicación, tal como denuncian los ecologistas. Uno de los grupos personados como acusación, Ecologistas en Acción, pedía el 20 de octubre el “cese inmediato” de la exdirectora general de Minas, viceconsejera de Empleo de la Junta desde septiembre. El caso volvía a tocar a las más altas instancias de la Junta.
“Esperemos que podamos parar la reapertura de la mina, porque consideramos que es un error volver a poner sobre Doñana esta espada de Damocles”, apunta Juan José Carmona, responsable de WWF en Andalucía. “Desde el 98 se viene demostrando, también con otras minas cercanas, que no funcionan los controles a pesar de las condenas. Hacen lo que quieren”.
Carmona se refiere, entre otras, a Las Cruces, la mayor mina a cielo abierto de España, dedicada a la extracción de cobre, a apenas 20 km de Aznalcóllar. Tres de sus directivos eran condenados el mes pasado a un año de cárcel por contaminar con arsénico el acuífero Gerena-Posadas, además de por extraer agua ilegalmente del mismo durante años, lo que le ha valido una sanción por parte del Consejo de Ministros de algo más de un millón de euros a Cobre Las Cruces, filial de la canadiense First Quantum. La compañía facturó 356 millones de euros en 2015.

Fuente: diagonalperiodico.net/global

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