A casi dos meses del histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que suspendió los desmontes y la tala en cuatro departamentos de Salta, Greenpeace realizó un relevamiento en la zona, consultó a las comunidades campesinas e indígenas y comprobó que, a pesar de la restricción del máximo tribunal, en la provincia continúa la destrucción de los bosques nativos.
Esta semana Greenpeace junto a miembros de la comunidad wichi “Honat Le Les” descubrieron que en las fincas “El Carmen” e “Isla Carrasco”, ubicadas a 10 kilómetros de la ciudad de Embarcación, en el departamento San Martín, se encuentran dos topadoras abriendo caminos y realizando la tala indiscriminada de una importante zona de Selva de Yungas.
El lugar es solicitado por los indígenas como territorio ancestral adicional por tratarse de “una de las pocas selvas en buen estado de conservación que quedan en la zona. Allí se instaló desde hace una semana un campamento con dos topadoras, camiones y varios operarios que manifestaron tener la orden de cortar todo árbol que se encuentre hasta quince kilómetros a la redonda”, afirmó Octorina Zamora, dirigente de la comunidad wichi.
Por otra parte, los lotes fiscales 55 y 14, ubicados en el departamento Rivadavia, continúan siendo castigados por la tala selectiva, a pesar de la orden de la Corte Suprema y de estar comprendidos en un régimen especial que, según los decretos provinciales 2609 y 3097 dictados en 1991 y 1995 respectivamente, prohíbe toda explotación forestal en ese lugar.
La Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat denunció que los cortes de madera, sobre todo de palo santo, quebracho blanco y algarrobo, se están realizando en los parajes El Desemboque, San Miguel y Pozo Bravo, ubicados a unos 70 kilómetros de la localidad de Santa Victoria Este.
Además, miembros de las comunidades wichi “Hoktei T’oi” y “Misión Chowayuk”, denunciaron que continúa la tala en una finca ubicada en las cercanías de la comunidad Tonono, en el departamento San Martín, cerca de la ciudad de Tartagal.
“Es vergonzoso y muy preocupante que el gobierno de Salta no garantice el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema y permita que la tala indiscriminada continúe como si nada hubiese pasado, afectando la rica biodiversidad existente y a las comunidades campesinas e indígenas que allí viven”, señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
“En ese sentido, es fundamental que los aprovechamientos forestales se realicen de manera sustentable. La certificación bajo estándares del FSC (Forest Stewardship Council, Consejo de Manejo Forestal) es la mejor garantía de que los bosques fueron manejados de manera social y ambientalmente responsable”, afirmó Giardini.
La organización ambientalista presentará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación material fotográfico y de video que demuestra el incumplimiento del fallo. El fallo de la Corte, que suspendió el 26 de marzo pasado el desmonte y la tala en cuatro departamentos de la provincia tras una medida cautelar presentada por comunidades campesinas e indígenas, se basó en que “la tala y el desmonte de aproximadamente un millón de hectáreas tendrán un efecto sobre el ambiente que no se puede ignorar”, por lo que “se configura entonces una situación clara de peligro de daño grave porque podría cambiar sustancialmente el régimen de todo el clima de la región”. La medida fue dictada hasta tanto la provincia, junto a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, elaboren un estudio de impacto ambiental acumulativo que de cuenta de las consecuencias ambientales y sociales de estas actividades a nivel regional. A partir de la aplicación del principio precautorio, el máximo tribunal obligó al gobierno de Juan Manuel Urtubey a suspender toda actividad de desmonte y tala en los cuatro departamentos y estableció un plazo de 90 días para la realización del estudio de impacto ambiental acumulativo y la finalización de la cartografía del Ordenamiento Territorial de las zonas boscosas exigido por la Ley de Bosques que determine de manera precisa las áreas que podrán ser explotadas y las que deberán ser conservadas. “Esperamos que el Ordenamiento Territorial que presente el gobierno de Urtubey contemple las evaluaciones y las opiniones de las organizaciones ambientalistas y de las comunidades que habitan los bosques, ya que continuar con este ritmo de destrucción producirá un desastre ambiental que afectará seriamente la biodiversidad, el clima, la regulación hídrica, y a cientos de comunidades campesinas e indígenas que dependen de los bosques para su subsistencia. Mientras tanto, es fundamental el gobierno de Salta cumpla con el fallo de la Corte, garantizando la suspensión de la tala y el desmonte”, afirmó Giardini. Salta es una de las provincias con mayores niveles de deforestación del país. Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2002 la superficie deforestada en la provincia fue de 194.389 hectáreas, mientras que entre 2002 y 2006 se duplicó la superficie desmontada, alcanzando las 414.934 hectáreas.Unite a Greenpeace
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