Aunque se estima que la tala y la quema de árboles produce una quinta parte de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, históricamente se ha eludido el tema de la protección de los bosques en las negociaciones internacionales sobre el cambio climático.
No obstante, mientras el mundo avanza lentamente hacia la firma de un nuevo acuerdo sobre el cambio climático (esperemos que efectivo) el próximo mes de diciembre, en Copenhague, este debate se anuncia como una de las marcas distintivas del éxito del tratado.
La tala y la quema de árboles generan una quinta parte de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. © Istockphoto
Hoy en día, una gran mayoría reconoce que la protección de los bosques no sólo es un paso necesario, sino que podría suponer la vía más rápida y económica para reducir las emisiones de una forma anticipada y significativa. Sin embargo, decidir que hay que hacer algo y llegar a un acuerdo sobre lo que debe hacerse son dos cuestiones muy diferentes.
La complejidad de la cuestión reside en los motivos por los cuales no se incluyó en la agenda de Kioto, donde se acordó el último tratado sobre el cambio climático global en 1997. Los debates que surgieron en la reciente convención sobre el cambio climático de Naciones Unidas que se celebró en Bonn el pasado mes de junio parecen sugerir que el tema sigue siendo ahora igual de peliagudo que entonces.
La segunda de las cinco sesiones previas a la conferencia de Copenhague, la reunión celebrada en Bonn, partió de un texto de negociación de 53 páginas (un tamaño moderado), una tercera parte del cual se centraba en el tema de la protección de los bosques. Al final de la reunión, todos y cada uno de los alegatos del texto había sido impugnado de una manera u otra al menos por un grupo o país, y, entre comentarios y propuestas, el documento alcanzó las 250 páginas.
OPCIONES DE EXPANSIÓN
Algunos de los temas planteados se basan en serias consideraciones de índole ética y medioambiental, como proteger a los pueblos indígenas y garantizar la legalidad. Pero la mayoría de las especulaciones se reducen a aspectos económicos: para atajar correctamente la deforestación se necesitará un nuevo desembolso de miles de millones de dólares de los países desarrollados a los países en vías de desarrollo. Los países en vías de desarrollo luchan por posicionarse para recibir la mayor cantidad posible, mientras los países desarrollados hacen todo lo posible para garantizar que obtienen lo que pretenden de sus inversiones. El resultado es un complejo debate que con toda probabilidad se irá calentando más y más a medida que los países pasen de declarar su postura inicial a decidirse por un acuerdo con el que todos puedan convivir a partir de diciembre.
Transformación del paisaje. Flujo neto acumulado de carbono a la atmósfera producido por los cambios en la explotación del terreno, 1950-20004. Cortesía de Earth Trends/World Resources Institute.
Entonces nos encontraremos con la descomunal labor de decidir qué se va a incluir en ese esquema. Las propuestas iniciales para “reducir las emisiones causadas por la deforestación”, conocidas como RED, evolucionaron en un plan para reducir las emisiones causadas por la deforestación y degradación de los bosques (REDD) a finales de 2007, cuando las conversaciones de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en Bali demandaban que se tomase una decisión sobre los bosques antes de 2009. Ahora, las negociaciones se centran en analizar un esquema denominado REDD Plus que abordaría la deforestación y degradación, así como los esfuerzos para proteger y mejorar las reservas forestales de carbono.
No cabe duda de que REDD Plus es la iniciativa más completa hasta la fecha, pero quizá no sea la solución más sencilla. Las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la deforestación en Brasil e Indonesia son mil veces superiores a las de otros países, por lo que, si el único objetivo es conseguir la mayor reducción posible de emisiones cuanto antes, todos los esfuerzos y fondos deberían destinarse a erradicar la tala de bosques en estos países. Pero la realidad, por supuesto, no es tan sencilla por dos razones fundamentales: la larga duración y las negociaciones políticas. “Nadie se quiere quedar sin su trozo del pastel”, comenta Thelma Krug, mediadora del gobierno de Brasil en asuntos medioambientales y silvicultura, además de investigadora principal en el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) de São José dos Campos. “Debemos ocuparnos de asuntos que posiblemente no serían tan complejos si nos centrásemos exclusivamente en reducir la deforestación”.
Sin embargo, para observar una repercusión real en los niveles de dióxido de carbono de la atmósfera, es preciso proteger los árboles durante más de un siglo contra el fuego, la continua explotación forestal y tala de árboles, y otras formas de degradación más lentas. De igual forma, lo ideal sería que países como Guayana y Gabón, con una alta densidad forestal pero un bajo índice de deforestación, recibiesen ayudas para seguir vías de desarrollo que no dependan de la deforestación a fin de que no surjan nuevas fuentes de emisiones.
INCENTIVOS PERVERSOS
Por ahora, el término REDD Plus tiene distintos significados para cada país. Mientras algunos ecologistas lamentan que en las negociaciones de Bonn se hayan olvidado los principales aspectos de la deforestación, para otros, REDD Plus representa un oportuno cambio de sentido con importantes implicaciones financieras. En especial, países como India y China apoyan el esquema, sobre todo porque obtienen pocos beneficios del programa REDD por sí solo. Motivados por objetivos tales como la reducción de las inundaciones y los corrimientos de tierras, ya han puesto punto final a la mayor parte de la deforestación en sus países y, en su lugar, ahora están profusamente dedicados a la plantación de árboles. Lo que han conseguido por sí solos, sin ningún tipo de compensación financiera, podría convertirse en una cruzada lucrativa para otros países que están haciendo lo mismo, solo que más tarde: un resultado que es potencialmente injusto.
“Si se va a compensar económicamente la reducción de la deforestación, ¿no debería premiarse también a países como China, que han realizado inversiones enormes [en la plantación de árboles] a lo largo de la última década y están eliminando activamente los niveles de dióxido de carbono?”, cuestionó Daniel Zarin, asesor principal para la estrategia sobre el carbono de los bosques tropicales de David and Lucille Packard Foundation, con sede en Gainesville, Florida.
REDD Plus podría incorporarse a un acuerdo de tal forma que compensase a los países por tales esfuerzos. Sin embargo, algunos temen que la definición de actividades de compensación financiera de una forma demasiado estricta o demasiado permisiva, sin un sistema de equilibrio de fuerzas, podría fomentar comportamientos muy negativos. Un enfoque demasiado limitado para frenar la deforestación podría animar a los países a reanudar la tala o la explotación forestal indiscriminadas para ponerles freno más adelante y recaudar las compensaciones asociadas. Sin embargo, si la reforestación se premia sin los límites adecuados, podrían talarse los bosques actuales, provocando un gran aumento de la liberación de dióxido de carbono, con una escasa penalización, siempre y cuando la zona se reforeste.
Los grupos ecologistas como Ecosystems Climate Alliance (ECA), un consorcio de ocho organizaciones no gubernamentales, se sintieron afligidos por los debates sobre REDD Plus en Bonn, ya que, en su opinión, estuvieron demasiado controlados por intereses industriales. “Al final, acabaremos con un potencial de contabilidad inteligente en lugar de ocuparnos del problema real de la degradación masiva de los bosques de nuestro planeta”, afirmó Sean Cadman de Wilderness Society Australia, miembro de la ECA con sede en Hobart.
Además del temor a un régimen que fomente, o al menos permita, involuntariamente, la tala de bosques, les preocupa que el control forestal sostenible pueda incluir prácticas de explotación forestal. Cadman opina que, aunque los casos de explotación forestal penada sean selectivos y mínimos, siempre van seguidos de una explotación forestal ilegal y, en algunos casos, la tala de bosques. “Cuando asoma la industria de la explotación forestal, significa el comienzo del fin del bosque y de la gente que depende de él”, comentó.
Markku Kanninen, investigador principal del Center for International Forestry Research de Bogor, Indonesia, se opone al uso de un lenguaje que fomente la expansión de la explotación forestal, pero afirma que, siendo realista, es preciso que continúe, de momento, en los lugares en los que representa una parte integral de su economía. “No podemos controlar todo tipo de explotación del terreno desde una perspectiva medioambiental”, comenta. “La sociedad tiene otras necesidades.” En el caso de la explotación forestal, argumenta que, al final, alguien acabará haciéndolo en algún lugar. Kanninen cree que la cuestión es si “a través de REDD se puede favorecer o no que se haga de una forma sostenible”.
Daniel Nepstad, del Woods Hole Research Center de Massachusetts, que lleva trabajando durante décadas sobre el tema de la deforestación del Amazonas, afirma que, sea cual fuere la diversidad de los objetivos e intereses, es posible formular REDD Plus con un lenguaje que convenza a todos. Un componente clave que suscriben países como Australia y Noruega es una contabilidad exhaustiva de las emisiones y absorción de carbono a nivel nacional como medio para determinar la compensación de un país por las actividades relacionadas con REDD.
Con un sistema como el mencionado, la explotación forestal selectiva o la tala indiscriminada harían mella en el saldo global de créditos de carbono de un país. La plantación de árboles haría aumentar los créditos de un país, pero solo en proporción a la pequeña cantidad de almacenamiento de carbono de los árboles jóvenes, por lo que la plantación y la explotación forestal no serían permutables.
Los esfuerzos realizados por China, India y otros países por mantener sus bosques intactos también podría recompensarse si los niveles de área forestal se comparasen con una línea de base histórica que se remontase lo suficientemente atrás en el tiempo. Los esfuerzos continuos por mantener los bosques actuales se podrían incluir en este sistema, lo que animaría a países como Guayana o Gabón a continuar con su trabajo de conservación.
DIVIDENDOS POR PAGAR
Además de llegar a un acuerdo sobre las actividades que son aptas para la compensación financiera, otro escollo importante es decidir cómo se entregará el dinero a los países en desarrollo en última instancia. Las opciones que tienen más posibilidades son un sistema de incentivos por reducción de emisiones o fondos directos pagados por los países desarrollados.
Brasil, que ya ha decretado su propio plan para terminar con la deforestación, se opone abiertamente a cualquier forma de sistema de mercado. En concreto, sostiene la opinión de que, si la reducción de la deforestación se convierte en una fuente de créditos, las naciones ricas los comprarán a modo de compensación en lugar de controlar sus propias emisiones. “Con un mecanismo de compensación, por su propia naturaleza, los beneficios para el clima serían nulos”, afirmó Krug. El temor de que un sistema de compensación REDD pudiera permitir en cierta medida que los países desarrollados quedasen exentos de responsabilidad es persistente. Fue la principal preocupación que impidió que los países en vías de desarrollo apoyasen la inclusión de un componente REDD en el Protocolo de Kioto.
Si las partes del nuevo tratado acuerdan un sistema de compensación a pesar de la oposición de algunos países, una cuestión relacionada y dominante que preocupa es que cualquier mercado instaurado pudiera hacer acopio de créditos forestales, lo que sería probablemente mucho más barato que otras opciones. Esto también podría restringir los esfuerzos por reducir las emisiones con otros medios más caros. El problema no tiene fácil solución, pero algunas de las posibilidades son imponer precios fijos para los créditos o establecer de forma anticipada los parámetros para el número de créditos totales que podría vender un país dado.
Noruega, uno de los líderes que es un reconocido impulsor de REDD y principal defensor del proyecto REDD en curso, ha planteado un enfoque por fases que está a medio camino entre la solución de mercado y la provisión de fondos. Este planteamiento conllevaría el uso de fondos voluntarios para apoyar el desarrollo inicial de la infraestructura necesaria antes de pasar finalmente a una recompensa basada en resultados comprobados. Esta recompensa seguramente se controlaría mediante un sistema de compensación. Si Estados Unidos y California tienen éxito en sus propuestas actuales para crear sistemas de incentivos por reducción de emisiones, con la reducción de la deforestación como principal componente, ello podría impulsar las negociaciones a favor de un eventual sistema de mercado.
Una vez que los países reciban los dividendos por pagar, un problema incluso más espinoso podría ser el garantizar que los fondos finalmente lleguen a sus legítimos destinatarios. Las personas más afectadas por los esfuerzos para erradicar la deforestación serían los pueblos indígenas que dependen de los bosques y de las actividades que requieren su eliminación o degradación. Se teme que todo el dinero se pierda en trámites administrativos, dejando una compensación mínima para las pérdidas económicas de las tribus indígenas. “La principal preocupación realmente es que, una vez que adquieran más valor los árboles y el carbono, los países o las industrias hagan aparición para reclamar esos recursos”, comentó Nepstad. Este peligro quedó patente en los disturbios que tuvieron lugar recientemente en Perú cuando el gobierno intentó abrir el Amazonas al desarrollo minero, petrolífero y maderero de una forma que los pueblos indígenas consideraron que les despojaba de sus derechos territoriales.
Aunque pueda parecer extraño, algo tan simple como una letra puede tener grandes implicaciones en las negociaciones internacionales. Un punto de debate es si referirse a los “pueblos indígenas” o al“pueblo indígena” en un posible tratado de Copenhague. Se podría interpretar que el término“pueblos” confiere hegemonía a los grupos (o que al menos de él se deduce dicha hegemonía). Esto es especialmente peliagudo para países como Estados Unidos y Canadá, que todavía tienen problemas persistentes en sus relaciones con los pueblos nativos. Algunos problemas podrían evitarse si se usa un lenguaje en REDD que no haga referencia a la declaración de derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas (UN-DRIP), que miembros clave como Estados Unidos no han ratificado. Sin embargo, los representantes de los grupos indígenas que se reunieron en Anchorage, Alaska, en abril, pidieron que en las negociaciones sobre el clima se respetase la citada declaración UN-DRIP. “Tenemos muchas esperanzas de que podamos llegar a un acuerdo sobre la sustancia del asunto y no tengamos que pelear por cuestiones léxicas”, indicó Jonathan Pershing, delegado para el cambio climático del Departamento de Estado de Estados Unidos. “No nos distraigamos; yo creo que hay maneras de controlar esto.”
No hay una solución sencilla para los problemas de los indígenas, pero al menos existen ideas generales sobre cómo se pueden abordar. La propuesta expresada por Noruega en Bonn pide de forma ambigua que quienes participen en REDD cooperen de buena fe con el pueblo indígena y las comunidades locales. “Nuestra intención es que quede reflejado por escrito que un país ha colaborado con los pueblos indígenas”, afirmó Audun Rosland, negociador principal de REDD en Noruega.
CAMINO A COPENHAGUE
“Creo que queda un largo camino por recorrer en las negociaciones”, comentó Clare Walsh, subsecretaria de negociaciones internacionales de la Delegación de Cambio Climático de Australia en Canberra. “Hay muchísimos frentes abiertos a debate.” Señala que las verdaderas negociaciones (dar forma a los cientos de páginas de comentarios de Bonn para obtener un acuerdo cohesivo) no han hecho más que empezar y mantendrán a las delegaciones ocupadas en la siguiente reunión que se celebrará en Bonn en el mes de agosto y otras programadas antes de Copenhague.
Simplemente no está claro hasta dónde están dispuestos a ceder los países para poder llegar a un entendimiento. Zarin afirmó: “Es la pregunta del millón ¿verdad? Lo realmente difícil es saber quién se va a comprometer y cuáles van a ser los compromisos”, lo cual no es poco, ya que los esfuerzos de REDD en última instancia deberán definirse dentro del contexto global de un acuerdo internacional sobre el cambio climático.
Con todo, algunos son optimistas. “Si se llega a un acuerdo en Copenhague, REDD sin duda será una parte importante del mismo”, avanzó Rosland. Por supuesto, no hay garantías de que vaya a cerrarse un acuerdo en diciembre. En ese caso, es muy probable que se defina el marco de trabajo a grandes rasgos y que los detalles se determinen en años venideros, como ya sucedió en Kioto.
Carlos Nobre, de INPE, Brasil, afirma que el destino de REDD, junto con el del mayor esfuerzo, puede depender del grado de intervención de los países clave y sus líderes para impulsar el avance de las negociaciones. “Todo está en manos de diplomáticos profesionales, que harán lo mismo que llevan haciendo durante 15 años: avanzar en la dirección correcta, aunque a un paso muy lento”, comentó.“Pero quizá en Copenhague deba producirse, en lugar de una evolución, una revolución. Finalmente, algunos idealistas verán que ha llegado su oportunidad de mover pieza”
REFERENCIAS
1. IPCC. Climate Change 2007: Mitigation of Climate Change (eds Metz, B., Davidson, O. R., Bosch, P. R., Dave, R. & Meyer, L. A.) 798 (Cambridge University Press, Cambridge, UK, and New York, 2007).
2. Global Forest Resources Assessment 2005: Progress Towards Sustainable Forest Management. Forestry paper 147, 320 (Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 2006);
3. Rodrigues, A. S. L. et al. Science 324, 1435-1437 (2009).
4. Carbon Emissions from Land Use, 1950 to 2000 (World Resources Institute, Washington DC, 2003);
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