Jueves, 24 diciembre 2009 a las 15.30
Greenpeace mostró hoy su rechazo a la decisión del Gobierno de poner en marcha el proceso de construcción del cementerio nuclear centralizado, autorizando como primer paso la publicación de la convocatoria para la selección de los municipios candidatos.
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La organización ecologista advirtió en un comunicado de que, de este modo, el Gobierno está “atentando” contra la credibilidad de su propio anteproyecto de Ley de Economía Sostenible y de su discurso de sostenibilidad ambiental.
El responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Carlos Bravo, acusó al Ejecutivo de seguir la estrategia de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) de conseguir candidatos para el cementerio nuclear “a base de tentar a los alcaldes con dinero público”.
“Además de resultar poco ético, el Gobierno debe entender que tratar de resolver así un problema tan grave como el de los residuos radiactivos es muy poco serio”, denunció Bravo, que añadió que un asunto como éste no puede solucionarse sin un consenso previo social y político
En este sentido, la organización ecologista recordó que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el debate sobre el Estado de la Nación de 2006 subrayó que el tema de los residuos exige “un amplio consenso social de organizaciones defensoras del medio ambiente”, así como el “mayor consenso” territorial y político posible.
SE NECESITA UN “GRAN CONSENSO SOCIAL”.
Según Greenpeace, el problema de la gestión de los residuos de alta actividad sólo se solucionará con un gran consenso social, que únicamente podrá alcanzarse poniendo sobre la mesa previamente un calendario de cierre progresivo pero urgente de las centrales nucleares.
Mientras tanto, la organización ecologista avisó de que “se opondrá activamente a los planes del Gobierno/Enresa” de construir un cementerio nuclear y recordó que hasta ahora, todos los intentos de gobiernos anteriores, “han fracasado estrepitosamente”.
Asimismo, Greenpeace consideró que el Consejo de Ministros dio ayer “una muestra clara de incongruencia legislativa” al aprobar una serie de propuestas en materia nuclear que “chocan frontalmente” con el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible diseñado por el Gobierno.
En dicha norma, se afirma que las centrales nucleares deben cerrar al cumplir 40 años de funcionamiento, mientras que la propuesta de anteproyecto de ley de reforma de la Ley de Energía Nuclear presentada ayer por el Gobierno plantea mecanismos de prórroga de las centrales nucleares para posibilitar su funcionamiento más allá de los 40 años.
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