López Vivas - Factual
Según explicaba la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, el Gobierno prevé tener resuelto esa gestión en el primer cuatrimestre del próximo año. Ahora bien, en el Ministerio de Industria todavía no saben cuándo iniciarán la convocatoria.
“Es algo que tendría que haber estado resuelto en septiembre; la idea es que aparezca en el BOE cuanto antes, pero no sabría decir si será tan diligente [el Gobierno]“, explicaban fuentes de Industria.
El Gobierno invertirá en la instalación, que incorporará un Parque Tecnológico y otro empresarial, unos 700 millones de euros. El Ministerio del ramo estima que en conjunto se emplearán entre 300 y 500 personas.
- Un almacén de residuos común.
El ATC es un ingenio que acumulará 7.000 toneladas de combustible radioactivo (España amontonaba 3.721 toneladas de residuos nucleares en 2008), ocupará una superficie de 13 hectáreas y tendrá una operatividad de 60 años, aunque está diseñado para durar 40 más
Con el ATC, el Gobierno pretende dar respuesta al problema que actualmente sufren las diferentes centrales nucleares españolas para almacenar los residuos que producen. Al menos, así lo constata Enresa -la empresa pública encargada de gestionar y almacenar los residuos radioactivos en España- en un informe, donde pergeña tres razones que justifican la construcción del ATC.
La primera, de cáracter técnico, obedecería a la saturación de las piscinas donde, por ahora, los nueve reactores nucleares españoles, distribuidos en siete centrales, acumulan sus sobras radioactivas. Según Enresa, la capacidad de Trillo quedó colmada en 2003; Ascó I y Cofrentes agotarían su aforo en 2013; Ascó II, en 2014.
El resto, en cambio, podría aguantar más tiempo, por lo que se podría beneficiar de la instalación del ATC, cuya finalización está prevista, dentro de un plazo más optimista, para dentro de cinco años.
Por otro lado, los residuos que Vandellós I y Garoña tienen guardados en Francia y Reino Unido, respectivamente, constituyen un agravante añadido. Tales residuos tienen que volver, en el caso de Vandellós I, antes del 31 de diciembre de 2010.
Otros motivos de la instalación del ATC son de índole económica y de seguridad. Por ejemplo, prorrogar el contrato que Vandellós I tiene con Francia costaría 60.000 euros diarios; un gasto que, de acuerdo con los plazos iniciales de construcción, y de no encontrar un almacén alternativo, sería inevitable.
En cuanto a la seguridad, Enresa valora que un almacén de esas características reduciría los riesgos que implica mantener los residuos nucleares dispersos en siete lugares distintos. La centralización, en este aspecto, resulta un grado.
La vicepresidenta De la Vega y el ministerio del ramo alegan, por su parte, que el ATC es una edificación que ha sido probada con éxito en otros países. Alemania, Bélgica, Estados Unidos, Rusia, Francia, Holanda, Reino Unido, Suecia y Suiza son sus referencias internacionales.
- Criterios de selección.
Uno de los aspectos más controvertidos tiene que ver con el proceso de selección. La vicepresidenta ha señalado que, hasta la fecha, cien municipios se han interesado. Sin duda: la inversión de 700 millones de euros supone una tajada de dinero público lo suficiente atractivo para unos ayuntamientos que, con la debacle de la construcción, andan carentes de ingresos.
El informe de referencia del Gobierno, publicado por el Ministerio de Industria en noviembre de 2006, permitiría, en la práctica, a cualquier municipio presentar su candidatura. Los criterios no son muy exclusivos: los aspirantes no pueden estar situados en lugares protegidos ni con riesgos de inundación o terremotos. Y si tienen estación de tren, mejor.
En ningún momento se menciona como principio prioritario que los solicitantes tengan instalaciones nucleares. La vicepresidenta sólo consideró que se tendría en cuenta las necesidades sociales de la población (desempleo, por ejemplo).
Ahora bien, según revelaba este viernes El País, Enresa estaría interesada en municipios con centrales nucleares, como Ascó y Vandellós en Tarragona o Yebra en Guadalajara. Sea como fuere, y a tenor de lo manifestado por el Miniserio de Industria, la convocatoria estará abierta a todos. “Eso sí, la receptividad social -y los municipios con instalaciones nucleares la tienen- será un criterio a tener en cuenta”, valoraba un funcionario de Industria.
- Reforma de la legislación nuclear.
El Gobierno ha aprobado una serie de normativas relativas a la ‘vida útil’ de las centrales nucleares. De forma ordinaria, se mantiene el límite de los cuarenta años. Sin embargo, el Gobierno se guarda la prerrogativa de admitir el funcionamiento por más tiempo, según lo indique el informe previo del Consejo de Seguridad Nuclear. Por otro lado, el Ejecutivo también ha autorizado el ‘anteproyecto de ley sobre responsabilidad civil nuclear’ por el que se encarecerán los seguros que las centrales nucleares deben pagar en caso de accidente. El coste se elevará a 1.200 millones de euros en lugar de los 700 millones de ahora.
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