Un informe de la Defensoría del Pueblo reveló hoy que cada año se pierden 150.000 hectáreas de bosques amazónicos en Perú por su deforestación y degradación, razón por la cual demandó una atención urgente del Estado en su protección.
Perú tiene 68 millones de hectáreas de bosques en la Amazonía, lo que lo convierte en el cuarto país del mundo en biodiversidad y noveno en riqueza forestal, dijo la defensora del Pueblo, Beatriz Merino, durante la presentación del informe.
Merino declaró que es "absolutamente inaceptable" que anualmente desaparezca una extensión de territorio equivalente a diez veces la provincia del Callao, vecina a Lima, en alusión a las 150.000 hectáreas, "como consecuencia de la deforestación y la degradación de nuestros bosques naturales".
La defensora recordó que el 42 por ciento de las emisiones de gases del efecto invernadero se originan cuando se cambia el curso de los suelos forestales y planteó su preocupación porque los bosques son el sustento de las comunidades nativas.
Precisamente, las comunidades amazónicas recurren a la tala de los bosques para cubrir sus necesidades básicas, a pesar de saber que deben protegerlos, ante la ausencia del Estado y de servicios públicos que mejoren sus condiciones de vida, según un reportaje de la Defensoría presentado hoy.
El informe de la Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas supervisó 81 oficinas de instituciones estatales dedicadas a la prevención y control de los recursos forestales, además de evaluar el trabajo de ocho gobiernos regionales ubicados en la Amazonía.
Merino informó que 38 de esas oficinas tienen un promedio de tres personas para su trabajo de campo, en sólo tres de esas oficinas hay camionetas en buen estado y solamente en una hay un bote para trasladarse por esos extensos territorios.
"Esto es algo que requiere una atención urgente e inmediata del Estado", dijo Merino, al tiempo que exhortó al Congreso para que debata y apruebe la nueva ley forestal planteada por el poder Ejecutivo, tras la derogación de la legislación anterior que generó una violenta protesta de las comunidades nativas el año pasado.
Las denominadas leyes de la selva, promulgadas en el 2009 para adecuar la legislación peruana al tratado de libre comercio firmado con Estados Unidos, causaron una de las peores crisis políticas del actual Gobierno por la protesta nativa en la ciudad de Bagua que dejó 34 muertos, la mayoría policías.
Mientras que las autoridades peruanas afirmaban que esa legislación buscaba proteger los bosques de la tala indiscriminada, las comunidades nativas se quejaron de que afectaba sus derechos de propiedad sobre la tierra y el agua en la selva amazónica.
Merino opinó que "el proceso de cumplimiento de los compromisos del anexo comercial del acuerdo de promoción comercial (TLC) entre Perú y Estados Unidos ha alentado mejoras en la política forestal", pero falta una política nacional forestal.
A su turno, el defensor adjunto del Medio Ambiente, Iván Lanegra, dijo que hay 145 comunidades nativas con permisos vigentes para comercializar madera, pero sólo ocho tienen los controles de cesión de uso que les permiten venderla en la práctica.
Por este motivo, pidió al Ministerio de Agricultura y a los gobiernos regionales fortalecer las capacidades de las comunidades nativas para tener un aprovechamiento sostenible y una correcta comercialización de los recursos naturales.
Fuente de información: http://www.so2s.org/150000_hectareas_anuales.html
Fuente de información: http://www.so2s.org/150000_hectareas_anuales.html
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