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Planteamiento: Cinco sectores proponen una pena mínima de cinco años y la creación del Ministerio de la Madre Tierra.
El Pacto de Unidad, que reúne a organizaciones campesinas del MAS, plantea sancionar los delitos contra la tierra con la pena máxima de 30 años de cárcel sin derecho a indulto y propone la creación del Ministerio de Protección de la Madre Tierra.
Este planteamiento está contenido en el anteproyecto de Ley de la Madre Tierra presentado a la Asamblea Legislativa por las mujeres campesinas, los campesinos, los indígenas de tierras altas y bajas y los colonizadores.
A fin de aplicar las sanciones penales, las cinco organizaciones proponen que como consecuencia de los delitos penales se lleven adelante acciones penales, civiles, constitucionales, según normas y procedimientos propios.
Se propone penas privativas de libertad que fluctúen entre cinco y 30 años para “los delitos graves medioambientales comprobados contra la Madre Tierra” y que además serán de “competencia territorial de la jurisdicción de los pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianos, debiendo remitirse los casos a la jurisdicción ordinaria o agroambiental para ser penalizados”. También se estipula la imprescriptibilidad de estos delitos.
Gustavo Aliaga, dirigente de los colonizadores, explicó que si bien su organización participó en la redacción del documento, no está plenamente de acuerdo con su forma actual.
El proyecto consigna que los delitos ambientales contra la Madre Tierra son “la fabricación de y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, el chaqueo excesivo e indiscriminado, la expulsión de desechos y otros contaminantes, inclusive los pasivos ambientales de cualquier naturaleza que afecten al agua, aire, suelo y avasallamiento de áreas protegidas”, cuya comisión causará la aplicación de las condenas mencionadas.
Al respecto el director ejecutivo de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque, expresó su preocupación porque el tema sería de la competencia de la jurisdicción indígena “y muy poco debate hemos tenido hasta ahora sobre la manera en que funcionará este fuero. Hay una Ley de Deslinde Jurisdiccional que está en proceso de elaboración, pero no conocemos su contenido”.
La propuesta de las cinco organizaciones también plantea crear el Ministerio de Protección a la Madre Tierra, que debe contar con una estructura tal que garantice la efectivización de políticas públicas sobre la materia.
También promueve la formación de los consejos de la Madre Tierra en todos los niveles de administración del Estado, desde el Gobierno hasta las autonomías indígena campesinas.
La aplicación del control social es otra de las propuestas a fin de que organizaciones de la sociedad civil participen en el diseño de políticas, aunque los mecanismos e instrumentos deberán ser definidos por la Ley de Participación y Control Social.
Para que empresas privadas, cooperativas o el Estado desarrollen actividades mineras, madereras, hidroeléctricas, camineras e infraestructura de megaproyectos, será imprescindible la consulta previa con carácter vinculante.
2 sectores, preocupados por propuesta
La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) y la Asociación Departamental de Productores de la Hoja de Coca (Adepcoca), por separado, expresaron su preocupación por la propuesta, pues afectaría sus intereses.
El proyecto del Pacto de Unidad prohíbe la internación, importación, introducción y comercialización de material tóxico, radiactivo, químicos, fungicidas y pesticidas y el cultivo de productos transgénicos.
Fernando Asturizaga, asesor jurídico de la Anapo, aseguró que los soyeros serán los más perjudicados, ya que entre el 85 y 90 por ciento de la soya cultivada en Santa Cruz es transgénica, y que durante más de 10 años de cosecha y empleo no se ha reportado ningún tipo de daño a la salud humana y que “además es un cultivo que ha sido autorizado por el Estado boliviano. En todo el mundo se utilizan transgénicos”. Además dijo que “si es que se aprobara la propuesta así como está, por supuesto que la soya prácticamente tendría que desaparecer, en tanto que la interrupción del cultivo, tendría efectos en la producción de aceite y alimento para pollos y cerdos”.
Hacer chaqueos es considerado un grave delito medioambiental. Claudio Manríquez, dirigente de la Asociación de Cocaleros de La Paz (Adepcoca), dijo que “esta práctica no se puede evitar, no creo que se pueda hacer un cambio, cómo podremos hacer desaparecer los arbustos o la maleza que crece en las áreas de siembra para poder cultivar. Sí o sí se tiene que hacer un chaqueo y quemar. No hay otra opción”.
Para destacar
El proyecto de Ley de la Madre Tierra fue entregado por el Pacto de Unidad a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El Pacto de Unidad reúne a cinco organizaciones de campesinos e indígenas de todo el país.
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