Insistente ha sido el empeño de quienes quieren hacer un muy buen negocio construyendo represas en la Región de Aysén en cuestionar el financiamiento al que han accedido las organizaciones de la sociedad civil para enfrentar los cientos de millones de dólares que HidroAysén y Energía Austral han destinado a la aprobación de sus iniciativas. Junto a las expresiones a favor de tales proyectos que el ministro de Energía y el Presidente Sebastián Piñera dieron durante la semana en que los servicios públicos deben comenzar a evaluar el nuevo adenda de HidroAysén, coincidentemente apareció en El Mercurio un artículo, en tono de denuncia, que señalaba que la campaña de oposición habría recibido 6,5 millones de dólares para proteger la Patagonia de HidroAysén y Energía Austral.
El autodenominado Decano se hizo así eco de lo que desde hace varias semanas ha venido pregonando el vicepresidente ejecutivo de HidroAysén, Daniel Fernández. En una muy bien pensada campaña ha puesto en duda la legitimidad del apoyo internacional a Patagonia sin represas, lo mismo que hicieron hace tres años los grandes empresarios cuando cuestionaron el apoyo del Estado, a través de unos escasos fondos concursables, a iniciativas de sensibilización ambiental que ponían en entredicho diversos proyectos altamente impactantes.
Se han colgado a esta estrategia algunos actores regionales, quienes han levantado la voz en contra del financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil, pero que paradójicamente nada han dicho de que las aguas de Aysén estén en manos de trasnacionales, del ejército de funcionarios que tienen tales empresas para marketear sus proyectos ni del subsidio que les hace el Gobierno al apoyarlas públicamente y permitir el lobby para la vía rápida para su aprobación. No, eso no cuenta.
Con la estrategia de HidroAysén de hablar de aspectos que no están directamente relacionados con su proyecto, contrariamente a lo que prometió Fernández, cuestionan a la sociedad civil del país, sembrando la duda sobre los intereses de las organizaciones y ciudadanos que adhieren a Patagonia sin represas, con el interés de eludir la discusión sobre lo que importa: su mal estudio de impacto ambiental. Porque los cuestionamientos de los servicios públicos están a la vista, no los inventó Patagonia sin represas.
Su máxima es que habrían oscuros y fanáticos ecologistas que se están enriqueciendo a costa de la sensibilidad ambiental de los chilenos. Pero… ¿alguien sensato puede creer eso? Es lo mismo que dijeron hace años atrás de quienes señalaban que el cambio climático era un problema grave, también con respecto de quienes cuestionaban a las mineras que ya secaron el río Copiapó y a los que se oponían a Celco Valdivia que contaminó el Santuario Carlos Anwandter. Lo mismo que han dicho de las demandas del pueblo mapuche diezmado por un injusto modelo de desarrollo.
Lo que no se ha dicho es que las organizaciones chilenas funcionan en el marco de la legalidad nacional y como cualquier institución postulan a financiamientos locales, nacionales e internacionales para desarrollar sus actividades. Y esto, en paralelo a los miles de ciudadanos que voluntariamente realizan su aporte individual y colectivo. ¿Alguien cree que los cientos de grupos y páginas alusivos a la protección de la Patagonia fueron todos digitados por la campaña?
Discutamos un tema de fondo.
Y éste es que en un modelo social que prioriza la rentabilidad económica privada es esencial que la sociedad civil tenga espacio en la agenda pública mediante sus organizaciones. Un ejemplo es que la discusión actual sobre el agua como derecho humano y el avance en ENRC no se habría dado sin el aporte de la sociedad civil organizada. En muchas naciones es el Estado el que garantiza el involucramiento significativo de la ciudadanía en la discusión de políticas públicas en energía, medioambiente y tantos otros temas. Esto no ocurre en Chile, algo por cierto muy conveniente para los grandes intereses económicos corporativos, y ése es uno de los motivos por los que la gente no participa. Muchos ciudadanos creen que da lo mismo lo que hagan, nunca los considerarán. ¿Es bueno eso?
Extrañamente no se ha visto un cuestionamiento similar a la embestida comunicacional que impulsa HidroAysén, asesorada por cinco agencias de publicidad, entre ellas Burson-Marsteller, que ha limpiado la imagen de empresas responsables de desastres ambientales y de varias dictaduras. ¿Cuánto de los U$ 200 millones invertidos hasta la fecha por HidroAysén han sido destinados a su operación de marketing e intervención de comunidades potencialmente afectadas por su proyecto?
Chile es extraño. Nadie parece sorprenderse que los medios nos acostumbren a que las directrices sobre lo que debe ser la política pública la den las empresas interesadas, casi como verdad revelada. El dueño de Colbún cuestiona la política pública sobre energías renovables no convencionales, cuando él es parte del negocio contrario. Un ejecutivo de Poch Ambiental critica que no se aprueben ya proyectos como HidroAysén, cuando ellos elaboraron el estudio de impacto ambiental. ¿Acaso nadie ve en ello conflictos de intereses básicos?
La pregunta hoy es… ¿las comunidades deben enfrentarse solas al avance de las compañías que buscan hacer multimillonarios negocios en sus territorios? Si el Estado no equilibra esta desigualdad ¿a quién corresponde este rol?
Al parecer muchos, incluidos algunos vecinos nuestros, piensan y les interesa que a nadie.
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