Ingeniero Civil de la Universidad Católica, Magister en Ciencia. Especialista en Hidrología y gestión del agua. Ha realizado proyectos de investigación y desarrollo en la PUC y luego en el MOP. Fue...
Pedro Rivera - 25/01/11
Cuando se trata del agua, hay que observar primero y pensar después; pocascosas son menos intuitivas que el agua. Algo así señaló Arquímedes con un énfasiscientífico, y hoy, varios cientos de años después, es también válido para asuntospolíticos.
El ordenamiento jurídico de las aguas que rige en la actualidad es prácticamenteel mismo que define el Código de Aguas de 1981. Su origen se remonta aquellosaños en que el régimen militar liberalizó la economía nacional en múltiplesaspectos, atando en la Constitución Política de 1980 y otros instrumentos todos losaspectos necesarios para llevar adelante la política económica. El resultado fue unaprivatización en términos reales de los recursos hídricos del país.
Con esto se crean los derechos de aguas como un bien totalmente privado, norelacionado con la tierra, transferible, y perpetuo. Y se reduce la función delEstado en una materia tan fundamental como el agua a un aspecto escencialmentetécnico:el otorgamiento de derechos de agua, obligatorio si es que existedisponibilidad, independiente del uso y del usuarios, de las cantidades y de lospropósitos.
Los problemas no tardaron en manifestarse: comunidades indígenas despojadas de las aguas de uso ancestral, cursos de aguas altamente disminuidos y deteriorados, acuíferos explotados intensamente y mermados sin posibilidad de ser gestionados de forma sustentable, acaparamiento de derechos de aguas en manos de especuladores, localidades rurales con poca posibilidad de cobertura, inseguridad del agua para el consumo de la población, deterioro de humedales y zonas de alto valor ambiental, y muchos otros. Qué le vamos a hacer, el mercado es frío y abusivo allí donde siempre lo ha sido.
Este diagnostico ya estaba presente en algunos sectores políticos antes de la caída del régimen militar. Fue así como el Presidente Aylwin intentó una reforma significativa en 1992. Las modificaciones planteadas apuntaban a recuperar la condición de bien nacional de uso público del agua, a conservar y proteger los recursos hídricos y el medioambiente, y a definir aspectos normativos diferentes para distintas zonas del país, de acuerdo a la realidad local.
Sin embargo, la oposición política fue severa y profunda, tanto así que luego de 13 años de discusión se aprueba el 2005 una reforma cosmética, muy menor, que casi lo único que hace es buscar en mecanismos de mercado una solución a los problemas que el mismo sistema de mercado había generado. Se cambia todo para cambiar muy poco.
Pero a esas alturas ya había sucedido algo peor: todos nos habíamos acostumbrado (mal acostumbrado) a que la realidad fuera así. El agua se había privatizado… y ¿qué tanto? los derechos de aguas eran perpetuos y no asociados a un uso… y ¿qué tanto? la mayoría de los ríos estaban totalmente intervenidos….y ¿qué tanto?
Como era de esperarse, esta mala costumbre también alcanzó a las instituciones públicas. La DGA, encargada de realizar el otorgamiento inicial de los derechos de agua, se respondía una y otra vez “..y ¿qué tanto?” cuando surgían situaciones absurdas: otorgar todos los derechos de aguas de los saltos del Petrohué para una hidroeléctrica; o permitir que los proyectos hidroeléctricos de Aysén inunden áreas inmensas y dejen sin posibilidad de acceder a derechos de aguas a las localidades cercanas; otorgar derechos de agua que reducirían los saltos del Laja o que secarían salares en el Altiplano.
En ese clima fueron sucediendo una serie de situaciones: varios problemas elocuentes en ríos y acuíferos (como la situación del acuífero de Copiapó), proyectos de inversión que ponían en tela de juicio la legislación (como HidroAysén o Pascua Lama), localidades totalmente secas en el norte (como Quillagua). De esta forma, un aire reformista en materia de recursos hídricos comenzó a soplar en el Gobierno de la Presidenta Bachelet.
Todo esto desembocó en una serie de reformas concretas. Una fue reservar las aguas en los ríos de alto valor ambiental sin derechos de aguas otorgados, para con ellas proteger los ríos y cubrir necesidades territoriales, desechando la posibilidad de instalar hidroeléctricas en ellos. Ese fue el caso de los ríos Cochamó, Petrohue, Gol Gol, Chaihuin, Del Oro, Palena, Cisne, y Murta. También se realizó una modificación de las normas de agua subterráneas en el norte de Chile, debido a las diferencias que presentan los acuíferos de esa zona en relación con los acuíferos del resto del país, y a lo absurdo que resulta evaluar disponibilidad de agua con tan poca información en el marco de la solicitud de derechos de agua.
También se envío al Congreso una Reforma Constitucional del Régimen de las Aguas. Esta buscaba recuperar el sentido de bien nacional de uso público para los recursos hídricos, señalando que la ley debiera resolver los problemas prácticos. Esta reforma fue propuesta hace un año por el Gobierno de la Presidenta Bachelet, luego de la primera vuelta y cuando el triunfo del candidato Piñera era inminente. Fue vista por los partidos de derecha como una movida electoral para ganar votos y alentar la fuga al bloque concertacionista de electores de Marco Enríquez-Ominami, por lo tanto siempre fue mirada en menos. Libertad y Desarrollo, y la FundaciónJaime Guzmán se encargaron de denigrarla a los cuatro vientos. Algunos otros como la senadora Lily Perez y el propio candidato Sebastian Piñera señalaban que la apoyarían.
En un aspecto los opositores tenían razón, pues por lo tiempos que estaban corriendo es innegable que la Concertación buscaba aumentar sus votos. Pero en otro se equivocaban rotundamente, ya que los problemas que daban origen al cuerpo de la reforma eran totalmente ciertos y reales. Entonces la reforma constitucional se trasformó en una especie de maldición para los que creían que las reformas eran necesarias; hacía pensar que nada de lo que ella contenía era real, y que todo parecía ser meramente con fines electorales.
Luego vino la segunda vuelta, el triunfo del Presidente Piñera, y una nueva administración para el MOP y la DGA que se encargó de dejar en claro su posición durante el primer mes de Gobierno. Las reservas de agua se anularían, la norma de los acuíferos del norte se retiraría de Contraloría, y la reforma constitucional era sacada del Parlamento y desechada.
Posteriormente la DGA se declaró en reflexión sobre las reservas de agua (hasta el día de hoy), cambió los criterios de derechos de agua para favorecer HidroAysén, y anunció reforma del Código de Agua para buscar un mejor funcionamiento del mercado de agua planteando las ventajas incomparables del modelo chileno.
En resumen, plantea que hay que darle certeza jurídica al derecho de agua (nada tiene mas certeza jurídica que el derecho de agua), y mejorar las bases de información. Con esta mirada, el Gobierno deja de lado todos los problemas existentes en el territorio y se centra en los problemas de tramitación de solicitudes, movimientos de derechos y de tribunales. Entonces los problemas reales se seguirán intensificando y el mundo rural continuará en el abandono.
La seguridad del agua potable seguirá sin respaldo al igual que el cuidado del patrimonio ambiental. Y se continuarán alentando proyectos no sustentables como HidroAysén a cambio de aumentar las inequidades en el acceso al agua. Por eso, cuando se trata de diseñar políticas para el agua, hay que observar primero y pensar después.
Fuente: eldinamo.cl
No hay comentarios:
Publicar un comentario