El reglamento
actual de 2003 admitía el peligro del cadmio contenido en
estos productos e incluía un mandato para redactar una
regulación específica. Un dictamen de la Agencia
de Seguridad Alimentaria admitía en 2009 que “la
exposición al cadmio de la población debe
reducirse”. La Comisión Europea ha propuesto un plan de
reducción al que se opone la patronal y que está
pendiente de negociación con los gobiernos de la UE. Europa
renueva por cinco años la autorización del herbicida
glifosato
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| EUROPA PRESS |
El Reglamento
Europeo sobre
fertilizantes hoy en vigor admitía en 2003 el peligro que el
cadmio contenido en estos agroquímicos supone para la salud y
el medio ambiente. E incluía un mandato para que la Comisión
Europea abordara la cuestión y redactara una regulación
específica. 15 años después, la propuesta
concreta para restringir los niveles de este mineral pesado se ha
topado con la resistencia de la industria de fertilizantes y un grupo
de estados que se alinean con esas posiciones entre los que destaca
España.
Crear
una legislación para que los fabricantes produzcan unos
fertilizantes con menos cadmio, ha necesitado, de entrada,
un dictamen
de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria que
estableció en 2009 un nivel de ingesta semanal tolerable (2,5
mcgr/kg) y explicó que “las exposiciones medias en la dieta
están cerca o ligeramente por encima” de ese valor. Para
algunos grupos de población “podría aproximarse al
doble”. Sin alarmismos, la EFSA concluyó que, si bien no
preveía daños en la función renal, “la
exposición al cadmio de la población debe reducirse”.
Con
lo cual, hace nueve años, las autoridades de la Unión
Europea ya conocían las recomendaciones científicas. De
hecho, una nueva
revisión de la EFSA sobre
la exposición al cadmio mediante los alimentos en 2012 repitió
que “los niños y los consumidores con exposición alta
[al cadmio] pueden exceder los valores recomendados para salvaguardar
la salud”.
La
revisión de las normas sobre fertilizantes en Europea está
en marcha desde 2010. En 2015, la
hoja de ruta oficial de la Comisión admitía
que la reglamentación actual “falla a la hora de abordar las
preocupaciones medioambientales que suscita el cadmio por la
contaminación del suelo y, en definitiva, de la comida”.
La
comisaria de Mercado Interior e Industria, Elzbieta Brenkowska, le
ponía palabras al proyecto legislativo: “El cadmio es un
producto químico altamente tóxico que puede tener
graves y, frecuentemente irreversibles, efectos en la salud de las
personas y el medio. Los fertilizantes de fosfato que lo contienen
son la principal fuente de contaminación”.
El
borrador del Ejecutivo europeo quería establecer el límite
de cadmio en 60 mg, para luego rebajarlo a 40 mg en tres años
y dejarlo en 20 mg tras 12 años. Mientras, la industria ha
considerado que estos límites estaban fuera de lugar. Tanto la
patronal española ANFFE como la Europea, Ferilizers Europe,
ambas presididas por la empresa española Fertiberia, han
protestado según se iban conociendo las propuestas. Los
niveles máximos, han sostenido, no responden a evidencias
científicas sobre los efectos nocivos del cadmio y supondrían
un golpe mortal para la viabilidad económica del sector.
Sus
peticiones fueron escuchadas parcialmente por el Parlamento Europeo
que, al fijar su postura en octubre de 2017, votó a favor de
dar más tiempo a los fabricantes para cumplir con los límites
(de tres a seis años para los 40 mg y 16 años para el
umbral definitivo). Durante el debate, la representante del PP
español, Pilar Ayuso, ya dijo que los límites
propuestos “son demasiado duros” y pidió flexibilizar le
norma para dejarla en los 80 mgr. Muy en la línea de lo que
está defendiendo el Gobierno español mediante el
Ministerio de Agricultura en los foros gubernamentales. El
eurodiputado de Equo, Florent Marcellesi, cuenta que las
negociaciones están sobrevoladas por “la defensa de la
industria que hace el Consejo de la Unión y su afán por
debilitar la propuesta que está encima de la mesa”.
El
Consejo (el grupo de jefes de Estado y de Gobierno de los 28
miembros) tomó una postura sobre el tema en diciembre de 2017
pero “no se ha hecho pública”, según confirma la
Comisión.
Marruecos
y la geopolítica
“Además
de lo medioambiental y la salud, aquí se juega una cuestión
geopolítica”, analiza un parlamentario europeo sobre la
regulación de los fertilizantes cuyo proceso de negociación
final está a punto de arrancar. ¿Por qué? Porque
una buena parte de estos productos se producen a base de fosfatos. Y
una de las principales potencias mineras de fosfato es Marruecos. Es
el actual tercer productor mundial tras China y EE UU. Pero ocupa el
primer puesto de las reservas confirmadas de rocas fosfáticas.
Pero,
muchos de los yacimientos marroquíes están situados en
el Sahara occidental. Precisamente, los acuerdos económicos
sobre libre mercado agrícola y pesquero entre la Unión
Europea y Marruecos están en tela de juicio tras la opinión
del abogado general del Tribunal Europea que ha recomendado hacer
unas semanas estipular que esos acuerdos son inválidos por no
tener en cuenta los derechos saharuis. Rápidamente, el
presidente de la CE, Jean Claude Juncker, ha salido al paso para
asegurar al Gobierno marroquí que “se tomarán las
medidas apropiadas para implementar los acuerdos”.
Entre
otros temores, el abastecimiento de fosfato está entre las
principales preocupaciones. Al fin y al cambo el propio Gobierno
español ha asegurado que sin el acceso a la roca fosfática
del norte de África, la industria de fertilizantes española
se quedaría fuera del mercado. Un mercado
cuya demanda en España ha
crecido un 14% en cinco años para los productos a base de
fosfato y casi llegar al medio millón de toneladas. Un sector
que consumió 1,8 millones de toneladas de todo tipo de
fertilizantes en 2016 y facturó 2.135 millones de euros.
ETIQUETAS: Medio
ambiente,
fertilizantes, Fertiberia
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